Por todo el país existen decenas de obras públicas mal construidas, que no fueron concluidas, que no tienen ningún uso para la comunidad o que no cumplen los objetivos para los cuales fueron creadas; sin embargo, la falta de normas evita que los gobernantes y funcionarios que las realizaron, con altos costos para el erario, reciban algún tipo de castigo o sanción.

Durante un recorrido por toda la República, EL UNIVERSAL constató que en la mayoría de los estados hay obras realizadas con dinero público en condiciones distintas a las anunciadas cuando fueron presentadas con “bombo y platillo”, pero también muchas más que son mero producto del delirio y la ocurrencia gubernamentales.

Para Guillermo Cejudo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el aumento en los recursos para los gobiernos municipales y estatales, las reglas financieras y presupuestales, así como la ausencia de controles políticos y administrativos, permiten la generación de estos  elefantes  blancos.

El doctor en ciencias políticas y especialista en administración pública señala que la opacidad también está presente en todos los momentos de las obras, desde el proceso de decisión hasta el ejercicio del gasto; incluida la contratación, compra de materiales y ejecución, entre otras.

Lo anterior, agrega, en gran parte por la falta de fiscalización, y no importa que sean obras pequeñas o grandes proyectos, regularmente ocurre al fallar el proceso de planificación, pues el análisis costo-beneficio no sólo debe incluir un proyecto bien ejecutado, sino que tenga los resultados esperados para la comunidad.

Aunado a ello, a los órganos de fiscalización y contraloría de los estados “les faltan dientes y autonomía, no sólo presupuestal, sino también política para poder meterse a hacer las preguntas complicadas sobre las razones, destinos y propósitos de la obra”.

La planeación de la construcción, dijo, no debe estar sujeta a que haya recursos presupuestales, a que se concluya a tiempo o para resaltar las acciones de un político, sino que deben estar dirigidas a resolver los problemas de la población.

Sin embargo, comenta que los  elefantes  blancos  se generan por la capacidad de los gobiernos para ejercer recursos en obras, así como las reglas para ejercer ese presupuesto de forma más fácil, pues es más complicado liberar presupuesto para abastecer de medicamentos a un hospital que solicitar la realización de una construcción.

Otro factor, explica Cejudo, es la ausencia de controles políticos y administrativos eficientes, pues los congresos locales y estatales no vigilan ni llaman a cuentas a los gobernadores, así como la falta de facultades de las contralorías y órganos de auditoría.

Con el recorte al presupuesto, señala el experto, lo deseable sería que se redujeran las obras.

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