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Toluca.— La historia de Adriana Albrecht Figueroa, recluida desde 2011 en un penal estatal podría muy bien ejemplificar cómo opera la justicia en México, donde tras denunciar a su esposo de actos libinidosos en contra de su pequeña hija, a los pocos meses fue detenida y encarcelada con las mismas pruebas que utilizó para intentar protegerla. Ahora no solo está en la cárcel sino que podría perder la patria potestad de la menor para siempre.
En un hecho extraño en que la justicia da volteretas, Adriana entrevistó y videograbo a su hija, de entonces tres años de edad, para que le platicara las formas en que su papá presuntamente la tocaba a fin de probar el delito.
El video, de orden privado, fue entregado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) como prueba en contra del empresario Arturo Javier Ortega Olive, padre de la menor. La prueba fue desestimada, y el 18 de abril de 2011, el Ministerio Público con sede en Valle de Bravo, determinó el “no ejercicio de la acción penal” y dejó libre a Ortega.
Ante esta determinación ministerial, la defensa de Adriana logró un amparo para efectos que le otorgó un juez federal, a fin de que el Ministerio Público responsable se “abstuviera de valorar” las pruebas.
El abogado titular de la defensa de Albracht Figueroa explicó que en respuesta, la PGJEM dio cumplimiento a ese amparo citando a Adriana y preguntándole si hay más pruebas que desee aportar, pero sin otorgar tiempo suficiente para hacerlo, por lo que finalmente ratifica el no ejercicio de la acción penal a favor de su esposo.
En este lapso, señaló, el acusado aportó pruebas de peritajes realizados por especialistas privados, además de un peritaje adicional de la propia procuraduría, en la cual se manifiesta a favor del empresario.
Inicia la pesadilla. Al librar la prisión, el empresario solicita copias del expediente y utilizando las videograbaciones usadas en su contra, presentó cargos contra su esposa por el delito contemplado en el artículo 204, en su tercer párrafo, que protege a “los menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho”, bajo el argumento de que ella abuso de su hija al videograbarla y fue ella y no él, quien la utilizó en actos eróticos.
De esta forma el 19 de noviembre del 2012 un juez estatal libra la orden de aprehensión contra Adriana y es detenida el 18 de agosto de 2013, desde entonces esta presa en el penal de Valle de Bravo, donde fue juzgada.
Así los videos con los cuales pretendía proteger a su hija, que actualmente cuenta con siete años de edad y no ha logrado ver desde entonces, se han convertido en la principal prueba en su contra, pues fue sentenciada, el 5 de febrero de este año, a cinco años y tres meses de prisión.
Con una pena de cinco años hubiera alcanzado beneficios de preliberación y quizás ya haber dejado la cárcel, los tres meses que le adicionó el juez son los justos que le impiden acceder al apoyo.
El abogado Erick Garay aseguró que durante el proceso de Adriana se aportaron pruebas que no fueron tomadas en cuenta ya que el punto a discusión se centró en la posibilidad de que ella hubiese manipulado a la niña durante la videograbación.
En este caso dos peritos expertos en psicología dieron su dictamen a favor de Adriana, señalando que la menor aparece hablando de forma espontánea y natural; mientras que el empresario ofreció como prueba en contra los peritajes y opiniones que le dieron la libertad en el primer caso y que curiosamente surgen del Ministerio Público de Valle de Bravo, dijo.
Ante la diversidad de opiniones, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México determinó presentar un “perito en discordia” el cual confirmó en su dictamen que la niña había hablado espontáneamente y no había sido manipulada. Sin embargo, y pese a esto, el Juzgado Mixto Penal de Primera Instancia que llevó el caso, la declaró culpable, señaló el abogado, maestro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y experto en derecho procesal y derecho penal.
Paralelamente, Adriana Albrecht Figueroa ha tenido que enfrentar otro juicio por la vía civil, ya que su esposo busca se le declare “incapaz mental” y en semanas previas solicitó el trámite judicial para obtener el pasaporte de la menor, por lo cual existe el temor de que intente sacarla del país.
Actualmente se encuentra en trámite otro amparo ante un juez federal en contra de la sentencia condenatoria dictada a Adriana Albrecht, mientras que la niña se encuentra bajo la custodia de su padre.
