La defensa del ex director de administración de Seguridad Pública de Granier y quien se encuentra detenido en el reclusorio de Tabasco, Mario Eslava Gómez, presentó una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado en contra del juez Lorenzo Guzmán y de la Secretaria Judicial, Odililia Chablé por el delito de privación ilegal de la libertad de su cliente.

El abogado Rafael Vila Chávez se presentó ante el ministerio público argumentando que se violaron las garantías individuales de su cliente al ser detenido con una orden de aprehensión que carecía de las firmas legales correspondientes, y aun cuando ahora ya fue modificada, al momento carecía de legitimidad.

“No solamente hubo una mala integración, hay la comisión de un delito de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, aquí les quiero mostrar de cuyo contenido se infiere que el notario público revisó tanto el principal como el duplicado, advirtiendo que faltaba la firma del secretario de acuerdos en la orden de aprehensión”, refirió.

Vila Chávez dijo que este lunes la orden de aprehensión ya esta firmada, por lo que ahora se ampliara la denuncia en contra del servidor público que firmo para pretender validar el procedimiento. “eso es un delito que es prisión preventiva ilegitima que es la que venimos a denunciar en este momento”, señaló.

A decir del abogado se le tenía que dejar en libertad a su cliente, Mario Eslava debido a que no se complementaron los requisitos que exigen los artículos 32 y 34 del código penal de Tabasco vigentes.

Exigió al titular de la Fiscalía General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas cumplir con la ley y no encubrir a los funcionarios públicos involucrados en la comisión de este delito: “El fiscal general desde su ingreso no ha resuelto ni un solo asunto”, aseveró.

Mario Eslava Gómez, ex director de administración de la Secretaria de Seguridad Pública durante el gobierno de Andrés Granier Melo quedó detenido en Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (Creset) el pasado viernes y se le acusa de por un presunto fraude de 84 millones de pesos y el ejercicio indebido de funciones públicas,

La Contraloría del Estado del Gobierno de Núñez acusa a Eslava Gómez de hacer convenios con un proveedor para la compraba unas pantallas electrónicas, mismas que serían destinadas al Instituto Estatal de Protección Civil, esto durante su gestión en la SSP en donde su jefe inmediato fue Sergio López Uribe.

En la demanda penal y que se viene integrando desde el 2013 se señala que el ex servidor público firmó de recibido las pantallas, pero estas físicamente no ingresaron a la Secretaría de Seguridad Pública y menos llegaron a Protección Civil.

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