La Paz.— El gobierno de Baja California Sur solicitó una misión de apoyo al gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, para hacerle frente al narcotráfico y frenar la ola de violencia que se ha registrado en el último año.
Durante la sesión de instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la firma del “pacto por la paz”, que busca fortalecer acciones interinstitucionales para reducir la criminalidad, el mandatario Carlos Mendoza Davis informó los resultados de diversas reuniones sostenidas con el Departamento de Estado norteamericano.
El gobernador comentó que tomando como referente la disposición del gobierno estadounidense a través de la Iniciativa Mérida para el combate al narcotráfico, se hizo la invitación formal para que un equipo de expertos acudan a la entidad y apoyen las tareas de diagnóstico, acompañamiento, supervisión y seguimiento en el combate contra el narcotráfico.
Manifestó que la invitación fue aceptada y las autoridades estadounidenses definirán las fechas en que acudirán a esta capital.
Mendoza Davis añadió que también se invitó a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que participen en la elaboración de políticas públicas que repercutan tanto en materia de seguridad como en el desarrollo económico, temas que necesariamente van ligados, refirió.
“Hemos construido en estos 45 días de gobierno relaciones de trabajo y cooperación en muchos niveles, no sólo con instancias locales y nacionales, sino con internacionales, con quienes tenemos la intención de un acompañamiento”, comentó el gobernador.
Afirmó que Estados Unidos ha venido participando de este mismo modo en otros países, entidades y municipios, “de manera respetuosa” y con el ánimo de colaborar.
El mandatario indicó que no es posible precisar los rubros de esta colaboración, pero adelantó que podría ser en capacitación, equipamiento y tecnología.
En el último año, Baja California Sur ha resentido como nunca antes en su historia una lucha entre grupos delincuenciales que se disputan el territorio estatal.
Los enfrentamientos provocados por este combate a la delincuencia han dejado como saldo casi 200 ejecuciones, incluyendo la muerte de dos menores de edad.