Oaxaca.— Funcionarios del gobierno de Oaxaca podrían estar implicados en el caso de presunto maltrato y abuso sexual a menores del albergue Hijos de la Luna, donde el 9 de octubre pasado detuvieron a cuatro personas.

Hace tres semanas, personal de la fiscalía, DIF estatal y de los Servicios de Salud realizó un operativo en el albergue, por denuncias ciudadanas sobre presunto maltrato a menores.

La fiscalía detuvo entonces a María del Socorro Ramírez, conocida como Mamá Coco, y a otros tres trabajadores del albergue por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y violencia intrafamiliar en agravio de dos menores. Según la investigación, los hechos ocurrieron en 2011.

Leonardo Cruz Méndez, vicefiscal general de la zona sur perteneciente a la Fiscalía General de Oaxaca, informó que la Procuraduría que depende del DIF no ha presentado expedientes o pruebas de la supervisión que realizaba esta institución.

“Estos expedientes fueron realizados con el apoyo de profesionales y expertos en psicología, en donde se mencionó que ellos habían detectado la existencia de golpes, maltrato, violencia y que los niños no recibían alimento en ocasiones”, expuso.

De existir esos archivos, “serían cómplices del delito del cual se les acusa a los imputados por el simple hecho de omisión, al no dar a conocer con anterioridad los resultados de esas valoraciones”.

De investigarse, serían sometidos a proceso y, en su caso, podrían purgar una pena similar a la de los detenidos por este asunto.

“Muchos de los delitos que se cometieron pudieron ser evitados con una intervención oportuna, ya que transcurrieron 11 meses a partir de la fecha en que la procuraduría del DIF realizó las supervisiones periódicas que menciona haber realizado”, indicó.

El funcionario expuso que legalmente podrían ser responsables de la comisión de los mismos ilícitos, aun cuando ellos no lo hayan cometido, de acuerdo con la ley penal de Oaxaca, precisamente por la omisión.

Los imputados han declarado que los delitos de los que se les acusa son falsos, han negado los hechos y aseguran que los niños fueron aleccionados para acusarlos.

Detalló que los imputados están sujetos a un auto de formal prisión por los delitos de violación equiparada, abuso sexual agravado, abuso sexual infantil agravado y violencia intrafamiliar, todos estos delitos no alcanzan libertad bajo fianza.

Explicó que la formal prisión no significa que sean culpables, sólo es un preámbulo para que los imputados puedan aportar pruebas que demuestren su inocencia.

Respecto de los menores, informó que en el DIF en este momento se han reintegrado a 13 de las víctimas a sus hogares y falta por reintegrar a 11, de cuyos padres hasta hoy no se tiene conocimiento de su paradero.

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