La coordinación regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en el sureste mexicano, llamó al sector empresarial de Cancún, a no seguir deteniendo los avances de la Norma Oficial Mexicana (NOM) de Cambio Climático, ante los evidentes riesgos que suponen para el país los efectos del calentamiento global, tales como la amenaza para vidas humanas, ecosistemas naturales, infraestructura de servicios y los propios desarrollos turísticos asentados en las zonas costeras.
“Quieren frenar una Norma, cuyos alcances no están comprendiendo. Deberían ser los más interesados en apoyarla, porque les evitará enormes pérdidas económicas, al evitar que construyan en zonas de riesgo, lo que pone en peligro sus inversiones. Ellos son los que más ganan con la NOM.
“Lo estamos viendo ahora con el huracán Patricia, que nos recuerda lo vulnerables que somos ante los ciclones y tormentas, que cada vez se presentarán con más fuerza por el cambio climático, que es una realidad, no es un invento, lo estamos viviendo ahorita y ya nos tardamos en tomar decisiones”, afirmó la coordinadora regional del CEMDA, Alejandra Serrano Pavón.
Desde octubre del 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), conduce un grupo de trabajo integrado por académicos, científicos, empresarios y organizaciones ambientales, para la elaboración de la Norma Oficial Mexicana “Especificaciones de protección ambiental y mitigación de efectos adversos del Cambio Climático en la planeación, diseño y construcción de desarrollos inmobiliarios turísticos en ecosistemas costeros”.
El contenido del borrador y del proyecto ha sido muy mal recibido por la iniciativa privada, que ve en sus planteamientos restricciones severas para la inversión en zonas costeras y se opone a que se mantengan ciertos conceptos, como la prohibición expresa de construir en zonas de riesgo.
Para los empresarios, la Norma es un intento por imponer modalidades a la propiedad privada que no corresponden a su ámbito de acción; generaría incertidumbre jurídica por la supuesta contradicción con los Ordenamientos Ecológicos y en ella una presunta intención de sobre-regular, al solicitarles más estudios de los que actualmente se les pide para desarrollar en áreas de playa, entre otras.
“Es todo lo contrario. Esta NOM va a dar mayor certeza jurídica, porque está reparando contradicciones y homologando criterios de construcción y distancia para no alterar las dunas costeras y evitar que se construya en sitios o puntos de riesgo.
“La NOM pretende que no se preste a negociaciones, ni a interpretaciones discrecionales el diseño y construcción en zonas vulnerables, riesgosas. Es un candado para cabildazos y modificaciones a modo de Ordenamientos Ecológicos y Programas de Desarrollo Urbano”, indicó, en entrevista con EL UNIVERSAL.
Destino del desarrollo inmobiliario
Para la directora ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Cancún (Acluvac), Miriam Cortez Franco, el tema es de absoluta relevancia, porque está en juego el destino del desarrollo inmobiliario en zonas costeras.
“No es que no queramos cuidar al medioambiente, no es que no nos importe, claro que nos importa y personalmente es un tema que me preocupa; sin embargo, hemos detectado cosas inquietantes y graves en este borrador o proyecto de NOM, que se excede a lo que la misma Ley General de Cambio Climático, establece y de la cual emana la norma.
“Esta Ley está hecha para regular a la autoridad, no a los particulares; no obstante, exige que presentemos más estudios de los que ahora se nos pide, con lo cual volvemos a caer en la sobre-regulación que es, de por sí, ya una queja de los inversionistas en México”, argumentó.
La empresaria explicó que, por ejemplo, la definición de “sistema costero” que se establece en la NOM es contraria a la contenida en los Ordenamientos Ecológicos Locales de Cancún y del municipio de Solidaridad, lo que creará incertidumbre jurídica, por lo que se ha sugerido que en donde exista ya un instrumento de política ambiental o un Programa de Desarrollo Urbano, la NOM no aplique.
En ese sentido, la abogada ambiental, Alejandra Serrano, aclaró que ante la ausencia de una definición oficial de ecosistema costero, los comités de elaboración de Ordenamientos Ecológicos diseñaron un propio concepto que, efectivamente no es igual en todos los casos.
“Precisamente esto es algo que repara la NOM. Se constituye una definición oficial, para homologar todos los instrumentos de planeación y política ambiental respecto a lo que se entiende por ecosistema costero. No hay ninguna contradicción”, manifestó.
Otra de las inconformidades del empresariado, es que la Ley de Cambio Climático determina que antes de aplicar una NOM de carácter obligatorio, tiene que surgir una de carácter voluntario, para gradualmente subir el nivel de exigencia. En ese lapso –detalla- se evalúa su eficacia.
“El problema es que de golpe y porrazo se saltaron a la NOM obligatoria. Además si quieres desarrollar en zonas costeras, te van a pedir más estudios y en general, lo que se plantea nos eleva mucho los costos”, reprochó Cortez Franco.
Al respecto, Serrano Pavón recordó que existe ya una Norma Mexicana de carácter voluntario que, aunque no emana de la Ley General de Cambio Climático, versa sobre los requisitos y especificaciones de Sustentabilidad para la selección del sitio, diseño, construcción, operación y abandono de Desarrollos Inmobiliarios Turísticos en la zona costera de la Península de Yucatán, publicada el 27 de noviembre del 2012.
“Desgraciadamente ningún empresario se ha acogido a esta norma voluntaria. Por otro lado, insisto en que no se está comprendiendo el objetivo, que es buscar la seguridad de la propia inversión.
“¿Qué es más costoso? ¿invertir en prevenir o en reconstruir lo destruido por un huracán? ¿Qué nos cuesta más a todos los mexicanos? ¿Invertir en prevenir o reparar calles, carreteras; reponer infraestructura de servicios; reconstruir hoteles, rehacer playas? ¿Cómo recuperamos los manglares, las dunas, los arrecifes?”, cuestionó.
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