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Empresarios turísticos de Cancún intentan frenar, en los términos en que está planteado- el proyecto de la Norma Oficial Mexicana que establece las especificaciones de protección ambiental para prevenir y mitigar los impactos del Cambio Climático en la planeación, diseño y construcción de los desarrollos inmobiliarios turísticos ubicados en ecosistemas costeros de México.
El argumento de organismos como la Asociación de Hoteles de Cancún y la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvac), es que el proyecto de la Norma Oficial Mexicana es presuntamente inconstitucional, al pretender imponer modalidades a la propiedad privada, que no le competen.
Otros alegatos se centran en que se obliga a los desarrolladores a presentar más estudios de los que se les solicitan actualmente, como parte del Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental de sus proyectos, lo que implica –para los empresarios- una “sobrerregulación”.
También han alertado sobre la posible incertidumbre jurídica que provocaría la definición de “ambientes costeros”, que establece la NOM al reconocer la integralidad y continuidad de estos ecosistemas y su contraposición con el concepto que se maneja en los Programas de
Ordenamiento Ecológico Local de Cancún y Solidaridad, por ejemplo, que acota a un tema de distancia de la costa, lo que se entiende por “ambiente costero”.
Adaptación y mitigación, compromisos de México
La dependencia que conduce la elaboración de la NOM de Cambio Climático es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, que encabeza al grupo de trabajo integrado por académicos, organizaciones civiles y empresarios.
En una reciente reunión con el subgrupo de trabajo, la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico, dejó en claro a los empresarios que el contenido de la NOM se encuentra apegado a Derecho, que no es inconstitucional, que está “fundamentado” y posee “bases, sólidas”.
Principalmente, se ha tratado de hacer ver a la iniciativa privada, que la NOM de Cambio Climático unifica criterios y beneficia a los desarrollos inmobiliarios ubicados en las costas, dado que son vulnerables ante los efectos del Calentamiento Global.
Se explicó que la elaboración de la NOM emana del mandato de la Ley General de Cambio Climático, publicada en junio del 2012, y de compromisos a nivel internacional, signados por el gobierno mexicano para aplicar acciones que mitiguen los efectos del Calentamiento Global, que ponen en riesgo no sólo el equilibrio natural de la Tierra, sino la supervivencia de las personas.
“La adaptación (al cambio climático) está relacionada directamente con la reducción del riesgo, que se entiende como la probabilidad de que se produzcan consecuencias perjudiciales o eventuales pérdidas de vidas, heridos, destrucción de propiedades y medios de vida, transtornos de la actividad económica (o daños al medio ambiente), como resultado de la interacción entre las amenazas naturales o provocadas por las actividades humanas y las condiciones de vulnerabilidad”, se lee en el Diagnóstico que sustenta el proyecto de Norma oficial, que será de carácter obligatorio y aplicará en todo el país.
Erosión y aumento del nivel del mar, realidades.
En el documento se indica que las zonas costeras son más vulnerables a los impactos del Cambio Climático, como son el aumento del nivel medio del mar y el incremento de la potencia y frecuencia de los huracanes, fenómenos ligados al Calentamiento del planeta.
El Doctor Rodolfo Silva Cazarín –quien forma parte del grupo de trabajo- sostiene que el sector turístico no sólo se ve afectado por el Cambio Climático, sino que “es uno de los grandes responsables en el aumento del riesgo en las zonas costeras”.
México cuenta con 17 estados costeros, la mayoría ofertan turismo de sol y playa: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los cuales forman una línea costera de 11 mil 122 kilómetros.
Cancún y Riviera Maya figuran como los destinos turísticos evaluados, con los mayores grados de erosión de playas; el primero, con 5.86 metros por año y el segundo, con 1.22, seguido de Mazatlán, como 1.08 metros; el menor fue Veracruz, con .32 metros anualmente.
En contraste, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta y Los Cabos, son los que más playa ganan de forma natural, anualmente, con tasas de 2.22 metros, .49 y .45, respectivamente.
Construir o no en sitios de riesgo, ¿el dilema?
Durante la reciente reunión del subgrupo de trabajo, los abogados, Héctor Pavón y Gerardo Freire, que asesoran a los empresarios en el tema de la NOM de Cambio Climático- pidieron la modificación de varios numerales del proyecto, entre ellos, el que establece que no se puede construir ni desarrollar actividades en zonas decretadas como de alto riesgo.
Ante la negativa, se solicitó que se cambiase la redacción para que se condicionara la prohibición, a demostrar que el riesgo existía como tal.
“Se entiende el espíritu, pero no debe establecerse como prohibición”, dijo Freire.
Al respecto, la directora de Fomento Ambiental, Gabriela Mercado, preguntó abiertamente si detrás de la petición, había una intención de construir a futuro en zonas vulnerables o de alto riesgo, manifestó que durante más de un año se ha accedido a realizar modificaciones diversas, a solicitud de los empresarios y que, en este caso, la oposición no estaba justificada.
La funcionaria también llamó a los empresarios a comprender que no se puede “sacrificar el interés público, ni el ambiental. Ya se hicieron muchas concesiones” y agregó que el proceso se encontraba retrasado cuatro meses, al sólo existir “oposición” y no propuestas.
cfe
