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Nahuatzen.— Elementos de la Policía Militar arribaron a este municipio para hacerse cargo de la seguridad de esa región indígena luego de que los pobladores realizaron diferentes movilizaciones en las que acusaban, entre otras cosas, al presidente municipal y a más funcionarios del ayuntamiento de presuntos vínculos con el crimen organizado.
Otro grupo de indígenas de la meseta purépecha habían mantenido un bloqueo de 48 horas sobre la carretera libre Carapan-Zamora a la altura de la comunidad de Zopoco, municipio de Chilchota.
Tras llegar a acuerdos en una primera negociación con el gobierno estatal, los integrantes del autonombrado consejo ciudadano entregaron a la Procuraduría a los tres funcionarios que mantuvieron retenidos en la presidencia municipal para que sean investigados.
Se trata del síndico, una regidora y un trabajador más de la actual administración señalados por los pobladores de tener nexos con la delincuencia.
Ante ello, elementos de la Policía Militar resguardan la zona para evitar el ingreso de personas armadas ajenas al municipio confirmó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís.
Más movilizaciones. Por la tarde, elementos de la Fuerza Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desactivaron las movilizaciones de otro grupo de indígenas de la comunidad de Capacuaro, municipio de Uruapan, que habían bloqueado la vía Uruapan-Paracho.
De acuerdo a los habitantes, al arribar el convoy policial, y luego de algunos minutos de tensión, las autoridades lograron desbloquear la carretera y permitir el libre tránsito.
Los capacuarenses exigían que se les devolvieran dos camiones cargados con madera que les fueron decomisados, al tratarse —según la autoridad forestal— presuntamente del resultado de la tala clandestina que impera en esa región.
A decir del gobierno estatal, esta acción atendió a la advertencia lanzada por el mandatario michoacano Silvano Aureoles quién enfatizó por la mañana que no permitiría más bloqueos y movilizaciones de grupos inconformes y otras acciones que perjudicaran a la población en general.
Aureoles dijo que ninguna exigencia justifica los daños a terceras personas, por lo que se usarían todos los mecanismos legales para evitarlo.
Bloqueo de estudiantes. Por otro lado, un grupo nutrido de estudiantes de diferentes normales de Michoacán se apoderaron en Morelia de tres autobuses en los que se trasladaron a la autopista de occidente donde se movilizan a la altura de la caseta de Zinapécuaro, aunque no se reportan bloqueos, sólo manifestaciones, informó la Policía Federal.
En ese sentido Silvano Aureoles refirió que la principal demanda de los normalistas es que se les garanticen plazas automáticas, lo cual rechazó el gobernador, ya que aseguró “no son legales y tampoco hay recursos con los que se pueda cubrir el gasto de las mismas”.
Aureoles aclaró que la única forma de que se les entreguen plazas a los normalistas es por la vía legal, en la que se establece que los estudiantes se deben sujetar a un proceso de evaluación que no depende del estado, sino de la federación.
Finalmente y ante las movilizaciones de normalistas, Aureoles Conejo advirtió una vez más que tampoco habrá tolerancia para ellos si intentan nuevamente realizar bloqueos o más robos de vehículos, “por lo que tendrán que tomar sus precauciones [los estudiantes] porque el gobierno está obligado a aplicar irrestrictamente la ley”, reiteró.
