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Oaxaca.— Integrantes de la Comisión de la Verdad documentaron un caso de presunta ejecución extrajudicial en 2006 en Oaxaca en agravio de un policía comunitario y activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En conferencia de prensa, los agremiados presentaron la versión del homicidio de Arcadio Hernández, asesinado el 2 de octubre de 2006 en el paraje conocido como la Rotonda de la Azucena, por un grupo de ex policías.
Los hechos ocurrieron en San Antonio Castillo Velasco, municipio que desde el 2 de agosto era dirigido por un gobierno popular luego de que la población decidiera quitar al alcalde priísta Joel López a quien se le acusó de corrupto y abuso de autoridad.
El policía comunitario realizaba un rondín —sin armas— en el paraje El Cerrito, narran sus compañeros, y añaden que dos hombres a bordo de una camioneta le apuntaron con rifles y uno le disparó en el tórax.
También afirman que los asesinos son el depuesto comandante de la policía del ayuntamiento, Melitón López y Roque de Jesús, conocido como El Jarocho.
La Comisión de la Verdad retomó este caso para investigar lo sucedido y la conclusión es la que presentaron a medios este martes.
El presidente de la comisión, Alejandro Solalinde Guerra, informó que después de investigar, recabar elementos y contar con supuestas pruebas, pidieron la detención de siete presuntos responsables.
Explicó que por este hecho solicitaron las consignación ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, por lo que “se le hace un respetuoso llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que se actúe con estricto apego a la ley”.
También solicitaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que emita medidas cautelares para familiares, testigos y todos los involucrados en el caso.
Delitos no prescriben. Samuel Castellanos, fiscal de Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, señaló que este tipo de delitos no prescriben por ser de alto impacto, por lo que se mantienen vigentes durante 20 años.
Explicó, que son siete las ex autoridades presuntamente involucradas en dicho homicidio.
De acuerdo con el peritaje, Arcadio Hernández perdió la vida por hemorragia masiva intratoráxica por lesión a órganos vitales y vasculares producidos por una bala de 9 milímetros.
Asimismo, en el cuerpo no encontraron presencia de alcohol, así como ninguna otra droga.
Para la integración de la averiguación previa 21/FIDTS/2011 analizaron un total de 84 pruebas donde se encuentra la autopsia forense, dictámenes de balística, planimetría y química forense, entre otros.
Los intagrantes de la Comisión de la Verdad, cuyos trabajos son pagados por el gobierno de Gabino Cué, aseguraron que este no será el único caso en el que entreguen resultados.
Señalaron que por primera vez en México hay una consignación de ejecución extrajudicial, basada en estándares internacionales, lo cual puede ser una aplicación de la justicia que rompa el pacto de impunidad, frente a las grandes exigencias y demandas nacionales, por poner dos ejemplos los casos de Ayotzinapa y Guatemala.
