De los siete detenidos en el caso de Trata de Personas en la modalidad de Explotación Laboral de menores jornaleros y adultos en el rancho “El Higo”, Municipio de Ramos Arizpe, tres quedaron libres, dos trabajadores y Fidel Martínez Martínez, el presunto “enganchador” originario del Estado de Hidalgo.
Los otros cuatro, que siguen presos y serán juzgados son tres “cuidadores” y el dueño de la empresa Prokarne, Oscar Lozano Chávez, informó el Subprocurador Jurídico de Derechos Humanos e Investigaciones Especiales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Liberto Hernández Ortiz.
El juez ordenó liberar a Fidel porque no encontró elementos para vincularlo con el proceso, aunque los jornaleros lo señalaron como la persona que los contactó, en las comunidades rurales donde viven en el estado de Hidalgo, a venir “P’al Norte” a la pizca y el empaque de hortalizas y verduras, cebolla y calabacín, respectivamente.
Después de una semana Martínez Martínez, quien fue asistido por un intérprete porque habla su lengua indígena el náhuatl, salió de prisión pero no fue exonerado, solo que no se demostró que era “El enganchador” de jornaleros, por eso el agente de Ministerio Público (MP) estudia el caso para apelar la orden del juzgador.
El 26 de agosto el juez de la causa decretó el auto de libertad de Blas Hernández Hernández y Moisés Martínez San Juan, quienes laboraban en el rancho, pero no estaban vinculados al proceso.
Juan Gerardo Castillo Olivo, Roberto Martínez García, Pedro Cisneros Rodríguez y Oscar Lozano Chávez, son los cuatro que siguen presos y serán juzgados por el delito de Explotación Laboral agravado por Trata de Menores.
Se procederá en base al artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
CÁRCEL Y MULTA HASTA POR CASI 3 MILLONES Y MEDIO DE PESOS
Por la comisión de Trata de Personas la ley establece de 3 a 10 años de prisión, sin derecho a la libertad bajo fianza y multas de 5 mil a 50 mil días del equivalente al salario mínimo, es decir, de 341 mil 900 pesos hasta 3 millones 419 mil pesos.
El monto de la multa económica es individualizado y es decisión del tribunal sentenciador en el Juicio Oral que dictaminará el caso.
La explotación en un campo agrícola fue descubierta por la denuncia del padre de una menor que se vino con el novio y no la dejaban regresar a su casa, hace dos semanas.
El miércoles 19 y jueves 20 de agosto pasados, autoridades de Coahuila rescataron a 307 personas, de los cuales se informó entonces 78 eran niños y adolescentes, quienes trabajaban en condiciones de esclavitud en los Predios EL Pedregal y Santa Cruz del ejido “El Higo”, municipio de Ramos Arizpe, propiedad de la empresa Prokarne.
De las 307 personas no todos eran trabajadores, había 15 entre familiares, bebés y niños pequeños, precisó después la secretaria del Trabajo, Norma Leticia González Córdova.
Todos los jornaleros, que tenían contratos por tres meses, aunque algunos tenían días, semanas, dos meses o más de estar laborando, fueron liquidados conforme a la ley.
Como se dio a conocer en la cifra final fueron 289 jóvenes y adultos y 75 niños y adolescentes de 13 a 17 años, los que recibieron sus pagos y fueron enviados de regreso a sus comunidades de origen en los estados de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas, pues solo cinco eran de Coahuila.