Más Información
Guadalajara.— Desde el año 2000 a la fecha, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) se han registrado 996 quejas por tortura en contra de funcionarios públicos y desde agosto de 2007, cuando el actual presidente del organismo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, asumió el cargo, se han emitido 37 recomendaciones a distintas autoridades por tortura.
Sin embargo, la primera y única sentencia por este delito se emitió en julio pasado contra dos policías municipales de Tala que fueron acusados de provocar la muerte de un hombre que fue arrestado y acusado de robo.
Las quejas por este caso se recibieron en la CEDHJ en octubre de 2014, y tras las medidas cautelares emitidas por el organismo, en la investigación se logró acreditar que los elementos, que ya fueron sentenciados, detuvieron ilegalmente a un hombre acusado de robar elotes en un maizal; éste no opuso resistencia y llegó sin golpes a los separos de la policía municipal.
Una vez en el sitio, un comandante y un policía de línea metieron al acusado a un cuarto conocido como “celda de la verdad” y comenzaron a torturarlo para que “confesara”.
Los golpes provocaron en la víctima fracturas en ambos brazos y contusiones en el tórax que le causaron la muerte; por ello, la CEDHJ emitió el viernes pasado una nueva recomendación dirigida al presidente municipal de Tala para que, una vez emitida la sentencia del Juez Mixto de Primera Instancia contra los policías, se garantice la reparación del daño a la familia de la víctima.
No obstante lo anterior, al revisar los números de las quejas aceptadas por la CEDHJ por casos de tortura, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo considera que el organismo ha trabajado para encubrir esta práctica generalizada de las policías en Jalisco.
La organización no gubernamental agregó que a partir de la llegada de Álvarez Cibrian a la comisión, el número de quejas reportadas ha disminuido considerablemente: mientras que entre 2002 y 2006 se recibieron en promedio 150 quejas cada año, a partir de 2007 el número se redujo a un promedio de 23 por año.
El caso de Martín González Moreno no llegó a la CEDHJ porque cuando su esposa, Edna Vega, buscó la asesoría de la comisión, algo no le causó confianza.
“La persona que me atendió fue muy amable, pero me dijo que lo pensara bien, porque él ya había estado del otro lado, del lado de los policías, y sabía cómo eran las cosas. (…) Eso me generó una mala sensación y pensé que podría poner en más riesgo a Martín, por eso no volví”, recuerda la mujer.
