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Hermosillo.— La Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE) informó que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció su facultad de atracción sobre el caso de venta de niños por parte de ex funcionarios del DIF Sonora y otros presuntos responsables de los delitos de sustracción y tráfico de menores.
La dependencia federal, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), atrajo el caso luego de una inspección al expediente en contra de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, José Hernández López y otros, a quienes se acusa de dichos delitos.
De acuerdo con la PGR, el expediente en cuestión “contiene elementos coincidentes con el tipo penal previsto en el artículo 27 de la ley en materia de trata de personas y que probablemente constituyan también el delito de delincuencia organizada”.
El pasado 11 de septiembre la PGR ejerció la facultad de atracción, señaló la fiscalía sonorense, por lo que la PGJE está impedida legalmente para revelar detalles de las actuaciones realizadas y será coadyuvante en lo que requiera la dependencia federal. Según el expediente, padres sustitutos mexicanos pagaron entre 80 mil y 150 mil pesos, mientras que los extranjeros, 20 mil dólares por niño. Los menores eran hijos de madres vulnerables, drogadictas y jornaleras que bajo amenazas las obligaban a firmar que no los querían.
La PGJE giró 16 órdenes de aprehensión, dos en contra de Arzate Carbajal y Hernández López, el resto contra padres sustitutos.
