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Familias damnificadas por el sismo del 7 de julio de 2014 en Chiapas exigieron en Tapachula que se agilicen los trabajos de reconstrucción y habilitación de sus viviendas.
Los afectados por el movimiento telúrico rentan casas, viven con familiares o habitan improvisadas viviendas de cartón y plástico, denunciaron.
Los inconformes, originarios del municipio de Cacahoatán, entregaron una queja a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en la cual piden su intervención ante las autoridades gubernamentales.
Adulfo Bahamaca de León, representante de los inconformes dijo que a 14 meses del sismo y los daños a sus casas, la reconstrucción de los inmuebles es lenta.
Expuso que, según la clasificación de los daños, los parciales serían atendidos por el gobierno estatal, y las afectaciones totales por el gobierno federal.
Bahamaca comentó que en el poblado Salvador Urbina inició la construcción de viviendas, pero los trabajos fueron suspendidos. Empezaron con unas cuantas casas, pero quedaron a medias, aseguró.
Los manifestantes acusaron al alcalde de Cacahotán, Uriel Pérez Mérida de incumplir con damnificados que sufrieron daños menores.
Por tal situación advirtieron que no permitirán la entrega-recepción de su administración, que se realizará el 30 de septiembre, y al día siguiente, cuando el nuevo presidente asuma funciones.
Los damnificados cuestionaron la administración de los recursos para la reconstrucción provenientes del Fondo de Desastres (FONDEN), y demandaron la intervención, tanto del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello.
