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El monto de lo defraudado por la Financiera Popular FICREA al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Coahuila fue de 125 millones 600 mil pesos, no de 90 millones de pesos como se ha dicho, reveló la diputada Sonia Villarreal Pérez, coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso local.
Asimismo, aseguró que la Máxima Representación Popular estará al pendiente para que se recupere el dinero estafado, se proceda a deslindar responsabilidades y a sancionar a quien o quienes resulten culpables de haber dispuesto de esos recursos que eran del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.
Según sostuvo desde diciembre de 2015 el magistrado presidente del TSJ, Gregorio Alberto Pérez Mata, el dinero ahorrado fue de 90 millones de pesos, sin embargo en cifra final, donde la diferencia es de 35 millones 600 mil pesos -casi un 30% más-, se detectó en la revisión del Informe hecho por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El resultado del estudio financiero con la discrepancia de cifras fue presentado por el titular de la ASE, Armando Plata, a los 13 diputados y diputadas de las Comisiones Unidas Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y de Finanzas.
Ahí les señaló las cantidades y la suma que no coinciden con lo que se ha señalado, por lo cual los parlamentarios acordaron proceder conforme a derecho.
Villarreal Pérez dijo en entrevista el martes que corresponde al Tribunal Superior de Justicia, a través del Consejo de la Judicatura, recuperar el dinero, que se haga justicia y que pague quien tiene que pagar.
Expuso que el Congreso del Estado a través de la representante del Poder Legislativo ante el Poder Judicial, la diputada Georgina Cano Torralva solicitó ese mismo día al Consejo de la Judicatura que se instruyan los procedimientos correspondientes para recuperar los 125 millones 600 mil pesos y sancionar al o los responsables de haber invertido ese dinero en la Financiera.
Para lo cual la Judicatura deberá aplicar lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.
SIN VOZ NI VOTO
Cabe señalar que el Poder Judicial es el responsable de castigar los delitos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura es el magistrado Gregorio Pérez Mata, quien se le tendría que abstener en voz y voto para que se pueda proceder a fincar responsabilidades.
Empero, la Legisladora no abundó sobre el estudio, solo indicó que el informe sobre este asunto se hará público hasta el mes de diciembre próximo, cuando los congresistas dictaminen las cuentas públicas del Estado y los 38 municipios.
MAYOR AL DEL DISTRITO FEDERAL
La financiera Popular FICREA, autorizada en el sexenio pasado, cuando era presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa (PAN), fue intervenida hace unos meses por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Fue intervenida por la estafa en contra de más de 6 mil 800 ahorradores mexicanos, cometida por Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de al menos 100 empresas en Estados Unidos, España, Gran Bretaña y México donde invirtió el dinero que obtuvo de la FICREA.
Como se ha difundido en medios de comunicación, también el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) fue defraudado por la FICREA con 110 millones de pesos y, al igual que su contraparte de Coahuila, demandó ante el Ministerio Público (MP) la devolución del dinero pero en ninguno de los dos casos les han regresado ni un solo centavo.
spb
