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Morelia.—El horror de la noche del 15 de septiembre de 2008 se ha prolongado y multiplicado para quienes ese día fueron, estadísticamente, las víctimas colaterales de una guerra declarada por el crimen organizado al Estado mexicano.
Desde entonces, la oscuridad no termina para este puñado de hombres, mujeres y niños que quedaron atrapados en un laberinto de hospitales, medicinas, burocracia y caras de funcionarios de fastidio o lástima.
La mayor parte de los más de 130 damnificados vive en Morelia, aunque hubo víctimas de otros estados, quienes, por igual, vieron sus vidas y cuerpos destrozados para siempre.
Para quienes aún sufren las secuelas, a estas alturas de la tragedia no saben qué duele más, si las heridas provocadas por las esquirlas encapsuladas ahora en sus carnes, las múltiples cirugías a las que han sido sometidos para tratar de extraerlas, o la indolencia del gobierno del estado, que no termina de asumir su responsabilidad.
Han sido horas, días y meses completos de peregrinar —ellos o sus familias— por las oficinas de gobierno estatal, suplicando por apoyos para cirugías, prótesis, medicinas, comida o dinero para mantenerse.
Siete años han pasado y las víctimas de la tragedia se quedaron esperando las promesas de ayuda, fondos y solidaridad, que a bote pronto hicieron personajes prominentes, diputados y artistas en aquel momento.
Al día de hoy, sólo 40 de los sobrevivientes de los granadazos, quienes se quedaron sin nada, reciben a duras penas una pensión que no rebasa en el mejor de los casos 8 mil pesos, para los casos más dramáticos, considerados en un frío tabulador gubernamental en pérdidas de familiares directos o miembros del cuerpo.
Pero hay quienes en el camino, y al paso de los años , terminaron por ir perdiendo a la familia, a los amigos, partes del cuerpo y también la esperanza.
Más de uno de los sobrevivientes ha deseado la muerte antes que volver a ver la cara de fastidio o repulsión de un burócrata, de la secretaria de éste o del asesor de gobierno que le promete “llamarlo en unos días”, “revisar su caso”, o enviar un emisario, para luego mirar cómo las manecillas del reloj avanzan hacia los días, los meses y los años, en un tiempo que no termina de llegar.
Son los casos de Rafael Bucio, José Ángel López Bucio, María de Jesús Vázquez Silva, David Reyes, Rita Alvarado y María Encarnación Dimas López, quienes ahora se rebelan contra la vida y han deseado, en sus frecuentes depresiones, no seguir consumiéndose junto con sus familias, que han tenido que dejarlo todo para atenderlos.
jram