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Oaxaca.— La noche del 2 de octubre de 2006, la ráfaga de una AK-47 dejó siete huérfanos y una viuda, quien todavía resiente el daño psicológico.
La muerte de Arcadio Hernández Santiago tuvo consecuencias funestas. Sus hijos dejaron de asistir a la escuela y su esposa, ahora viuda, debe trabajar una jornada extenuante para contar con lo elemental.
Arcadio es una de las víctimas del conflicto social de ese año en Oaxaca. Su familia también.
Es el primer caso que la Comisión de la Verdad consignó como ejecución extrajudicial y documentó para tratar de que el Estado repare el daño, no sólo en cuanto a lo judicial, sino al patrimonio familiar que se vio afectado ante la falta del padre, principal sostén de la familia Hernández.
Cuando lo asesinaron, Arcadio cumplía las funciones de topil — responsable de ofrecer seguridad a la comunidad—, asignada por la asamblea comunitaria de San Antonino Castillo Velasco, que desconoció a la autoridad electa y tomó el control de la población.
La comunidad, integrada a la entonces Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), había pedido la revocación del mandato de la autoridad municipal en turno, solicitud que no fue atendida.
Arcadio era uno de los nombrados guardias comunitarios, resguardo que hacía sin armas.
Sus compañeros narran que realizaba un rondín en el paraje El Cerrito cuando dos sujetos a bordo de una camioneta le apuntaron con rifles, uno le disparó en el tórax; también afirmaron que los asesinos son Melitón López, el ahora depuesto comandante de la Policía del Ayuntamiento y Roque de Jesús, conocido como El Jarocho.
¿Quién era Arcadio? Su actividad primaria era la de campesino mediero, es decir, que sembraba, pero no era dueño de la tierra.
Una biografía de la víctima que obtuvo la Comisión de la Verdad durante la investigación del caso menciona que tres veces por semana acudía a la Central de Abasto para vender su cosecha y obtener recursos.
Su trabajo le permitía ser sostén de su familia, para la que rentaba una casa en San Antonino Castillo Velasco. Sus hijos estudiaban y durante sus tiempos libres apoyaban con el trabajo de campo.
El impacto de su muerte. Tristeza, apatía, pérdida ponderal, insomnio, preocupaciones recurrentes y ganas de irse, son parte de las consecuencias psicológicas en la esposa de Arcadio.
Nunca tuvo un diagnóstico formal ni la atención médica o psicológica apropiada como víctima. Uno de sus hijos, que tenía 10 años al momento del homicidio, presentó los mismos síntomas.
Además de la pena por la pérdida, la viuda tuvo que enfrentar los gastos del funeral y el cambio de residencia. Los hijos abandonaron los estudios y también debieron trabajar.
La viuda tiene cuatro trabajos: tres como vendedora y uno como empleada doméstica. Sus horarios son de 8 de la mañana a 7 de la noche, aunque hay días en que entra a las 10 de la mañana y termina a las 12 de la noche o una de la madrugada.
Aún así, sus ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades. Tampoco sus hijos tienen un trabajo estable. El impacto de la muerte de Arcadio, además de la tristeza, es la pobreza.
Dos años después del homicidio de Arcadio, los ocho integrantes de su familia recibieron un apoyo de 200 mil pesos por parte del Estado.
Con el dinero compraron un terreno y construyeron una casa de lámina, sin drenaje ni energía eléctrica.
Para la Comisión de la Verdad, este esfuerzo de reparación fue incompleto: “No estuvo acompañado de otras medidas, más allá de lo monetario, como el acceso a la justicia, a la verdad sobre los hechos relacionados con la ejecución extrajudicial de Arcadio Hernández, el apoyo en salud mental, con programas de asistencia social y medidas simbólicas y de satisfacción relacionadas con el caso”.
La investigación de la Comisión de la Verdad concluye que en el caso de Arcadio se afectó su derecho a la vida por el acto de muerte violenta.
A su familia, sus derechos como víctimas por la negativa de las autoridades a investigar diligentemente el caso, negligencia para identificar a los probables responsables y la negativa, restricción u obstaculización para que puedan conocer la verdad sobre el hecho investigado.
Además, la pérdida de ingresos, que ha sido suplida con el abandono de los estudios de los hijos y su empleo en diversas actividades, al igual que la esposa.
Reparación que proponen. La detención de los presuntos responsables del homicidio, indemnización para la viuda y sus siete hijos, atención médica y psicológica para la familia, así como servicios legales y sociales que ayuden a la víctima a readaptarse a la sociedad.
Además de una disculpa pública por parte del Estado, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, entre otras medidas.
