El gobierno de Jalisco firmó una serie de cláusulas adicionales al convenio celebrado el pasado 27 de noviembre de 2014 con la Oficina de las Naciones Unidas para el Servicio de Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), para que este organismo determine la viabilidad de las obras de infraestructura hídrica que se construyen en la Cuenca del Río Verde, entre ellas la presa El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, que amenaza con inundar las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, señaló que con este acuerdo las decisiones a tomar en el tema de proyectos como la presa El Zapotillo serán fundadas en aspectos técnicos, sin ningún interés particular y con visión de imparcialidad.
“Ahora hemos tomado una determinación histórica para Jalisco; primero, establecimos una alianza con Naciones Unidas para generar mayor transparencia y combatir la corrupción, ahora tomamos el liderazgo también a nivel nacional en el desarrollo responsable de infraestructura, pero sobre todo en este particular tema, en las obras del Río Verde”, afirmó.
Añadió que lo más importante de este “addendum” es que se tomarán en cuenta todas las voces interesadas en estos temas, así como la inclusión de aspectos como la perspectiva de género, los retos contra el cambio climático, el patrimonio cultural, la gestión sostenible de recursos hídricos y la preservación de los derechos humanos.
“El trabajo de UNOPS viene a sumar y a aportar nuevas herramientas para la toma de decisiones desde una perspectiva neutral y humanitaria; ahora vamos a darle continuidad con soporte técnico, porque como autoridad estamos obligados a gobernar escuchando a los ciudadanos y nuestras acciones deben regirse por el bienestar que aportan a las personas, no por el bienestar de unos cuantos o el interés de algunos grupos”, dijo el mandatario.
Actualmente las obras de la presa El Zapotillo están detenidas ya que existe una controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Jalisco para invalidar el proyecto que pretende elevar la cortina a 105 metros y no dejarla en los 80 metros que establece el proyecto original; además hay una serie de amparos sin resolver, interpuestos por los habitantes de las poblaciones amenazadas.
Para realizar el trabajo solicitado por el gobierno estatal, que incluye la negociación con los afectados por la construcción de esta presa, el gobierno de Jalisco pagará a la UNOPS 4.6 millones de dólares y otorgará al organismo un plazo de 18 meses a partir de octubre próximo para presentar sus resultados.
spb