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La Paz
El gobernador Marcos Covarrubias entregará este jueves a su sucesor, Carlos Mendoza Davis, un estado que pasa por una “sacudida histórica”, con más de 160 ejecuciones vinculadas al crimen organizado en un año, una deuda de mil 600 millones de pesos, daños severos en infraestructura por el huracán Odile, conflictos magisteriales y controversias por proyectos mineros.
Covarrubias fue el primer gobernador electo del PAN —aunque de extracción perredista—.
Mendoza Davis llega avalado también por el PAN, aunque en alianza con el local Renovación Sudcaliforniana, con el que logró ganar 15 de las 16 diputaciones de mayoría y las dos diputaciones federales.
También se pintaron de azul los cinco ayuntamientos, arrebatando incluso las “joyas de la corona”: el municipio turístico de Los Cabos, al PRD, y Loreto, pueblo mágico, al PRI.
Sin embargo, el proceso electoral reciente estuvo marcado por la violencia, particularmente por homicidios de alto impacto, sostiene el historiador Homero Avilés.
Añade que, como nunca en la historia del estado, la sociedad tuvo registro de esta escalada de violencia, con la aparición de cuerpos mutilados, autos incendiados, levantones, así como balaceras incluso en zonas comerciales, avenidas principales y enfrentamientos entre presuntos delincuentes y elementos de las fuerzas estatales y municipales.
Además de la crisis en materia de seguridad, Baja California Sur aún no se repone, a un año del impacto en la península, del huracán Odile, de categoría 3, que afectó gravemente a Los Cabos, dejando daños por más de 15 mil millones de pesos.
Entre otras afectaciones, Odile dañó más del 80% de las escuelas de preescolar a superior, es decir, de 760 planteles que hay en la entidad unos 600 sufrieron afectaciones.
En el arranque del ciclo escolar 2015-2016, de acuerdo con la delegación estatal de la SEP, sólo se ha rehabilitado 30% de los planteles, quedan pendientes, sobre todo, escuelas de nivel medio superior y superior.
Herencia. Otro conflicto heredado es el magisterial, pues la corriente de profesores disidentes participa en las movilizaciones nacionales; sin embargo, en abril la entidad vivió una crisis, pues se revelaron adeudos millonarios del gobierno del estado con los docentes: falta de pago de seguros, Fovissste y otras prestaciones, lo que llevó a un paro generalizado, que se agudizó por la falta de plazas.
El conflicto no se ha resuelto del todo, pues cientos de profesores siguen cuestionando los procesos para la entrega de plazas, los cuales, acusan, están “amañados”.
El historiador destaca que al gobernador Mendoza Davis le tocará enfrentar el añejo conflicto minero en la entidad, pues sigue sin resolverse si otorgan los permisos para que se opere una mina de oro a cielo abierto en la Sierra de la Laguna —al sur de La Paz—, considerado el pulmón del estado. Esta situación ha generado tensiones entre autoridades y organizaciones civiles.
“Esto es un problema latente derivado de la falta de un proyecto estratégico de desarrollo sustentable a mediano y largo plazos para todo el estado. No hay tampoco una visión real de aprovechamiento sustentable de los recursos. Se les sigue apostando a los polos turísticos, con el consecuente deterioro del tejido social”, dice Adrián Chávez, ex diputado federal.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de La Paz, Armando Sánchez Porras, coincidió en que el tema prioritario para la nueva administración es la seguridad y aunque refirió que el sector no ha sufrido una afectación directa, como el cobro de piso, extorsiones o amenazas, es importante, dijo, que se emprendan políticas públicas de inmediato para prevenir este tipo de delitos y frenar la ola de violencia.
“La inseguridad es un tema que no abona en nada al sector productivo, sino al contrario. Sin ser alarmistas, es importante que se actúe de inmediato y coordinados para evitar que la situación crezca a otros niveles”, puntualizó.
