Más Información
La presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), Aracely Domínguez, pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), atraer a sus oficinas centrales el caso de la devastación de manglares y afectación de fauna silvestre en el complejo “Malecón Tajamar”, en Cancún, al considerar que su delegación en Quintana Roo “está completamente rebasada” para atender la magnitud del problema.
Domínguez Rodríguez, junto con una de las ciudadanas que participan en el movimiento “Salvemos al Manglar de Tajamar”, se entrevistó ayer con la delegada de la Profepa en el estado, Carolina García Cañón. El resultado fue desolador, declaró este jueves, la activista.
“Estamos haciendo un llamado urgente a la Profepa a nivel nacional para que Profepa-México atraiga este caso, porque creemos que su delegación en Quintana Roo no está capacitada técnica, jurídica, ni socialmente para atender un problema de esta envergadura.
“Salimos muy decepcionadas al ver que la delegada no conoce la ley, ni la problemática de los ecosistemas de Cancún, ni del estado. Una de las cosas que nos dejó más sorprendidas fue que no conoce los requisitos que marca la Ley para interponer una denuncia y nos pidió más requisitos de los que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa) y su Reglamento”, lamentó la activista.
El cuatro de agosto la ambientalista, acompañada de ciudadanas que integran el movimiento “Salvemos el Manglar de Tajamar”, entregaron a la delegación de Profepa cuatro mil 333 denuncias populares, por el desmonte y relleno de manglares, la afectación a la vida silvestre y el incumplimiento de la autorización de impacto ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expidió a favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Carolina García Cañón asumió el cargo como delegada de Profepa en febrero pasado, es militante del Partido Verde Ecologista (PVEM), licenciada en Relaciones Internacionales, ocupó una diputación federal y cargos públicos en el Estado de México. Antes de su actual puesto, laboró en las oficinas centrales de la Procuraduría.
Piden intervención del estado
El vicepresidente de la Defensoría Internacional de los Derechos Humanos en la región sureste, Gerardo Solís Barreto, interpuso hoy una denuncia ante la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA), y solicitó su intervención para suspender el desmonte de manglar en Malecón Tajamar, clausurar los terrenos afectados y asegurar la maquinaria que permanece en el sitio.
En su calidad de vicepresidente honorario, Solís Barreto entregó el escrito en las oficinas de la PPA en esta ciudad, ante los daños ambientales causados por los trabajos de desmonte de manglar y la afectación causada a la fauna silvestre, registrados desde la semana pasada en al menos cuatro polígonos de “Malecón Tajamar”, complejo planeado por el Fonatur y autorizado irregularmente por la Semarnat en julio de 2005.
El abogado invocó la aplicación de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Leepa) de Quintana Roo, la Ley de Bienestar Animal y la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos, para frenar el desmonte y relleno de manglar rojo y blanco, palma chit y otras especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059 o el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), bajo el argumento de que ante un daño ecológico que involucra especies protegidas, los tres órdenes de gobierno tienen competencia para actuar.
Ayer presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO), en contra de diversas autoridades del ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, debido a la ausencia de respuesta a la denuncia que presentó el 31 de julio pasado, por la devastación de manglares y el intento de los operadores de la maquinaria, de sepultar a seis cocodrilos vivos, que se encontraban en uno de los polígonos de “Malecón Tajamar”, que fue bautizado por el movimiento ciudadano como “Cocos”.
Dañar el manglar es delito penal
Legalmente el manglar tiene un alto nivel de protección en México, luego de reconocerse los incuantificables servicios ambientales que brinda a la humanidad y al planeta, entre ellos, para actividades productivas como la pesca, como sitio de anidación, reproducción y refugio de diversas especies de peces y animales marinos.
Es también un aliado para equilibrar la temperatura de los océanos, que se ha incrementado por el Calentamiento Global; filtra los contaminantes generados en tierra, que encuentran destino en los mares y funge como barrera natural contra tormentas y huracanes. El daño a los manglares constituye además, un delito de tipo penal.
