La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), los permisos que obtuvo a partir del 2005 para desarrollar el polígono de “Malecón Tajamar”, como parte de las denuncias interpuestas por diversos ciudadanos, ante la devastación de manglares en esa zona.
El delegado del Fonatur en Quintana Roo, Juan Carlos González Hernández, informó este lunes que hoy se hizo entrega de lo solicitado por la mesa de Delitos Ambientales de la PGR.
Entre la documentación enviada a la dependencia federal, figura la autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 28 de julio del 2005, así como una serie permisos posteriores, como los cambios de uso de suelo en terrenos forestales y las renovaciones de la autorización original.
El funcionario no especificó si la solicitud de la PGR es resultado de la denuncia que presentó la ciudadana Sara Rincón Gallardo, el tres de agosto pasado, en representación de un grupo de habitantes de Cancún, o si deviene de la denuncia que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debió haber interpuesto ante la institución, luego de recibir las cuatro mil 333 denuncias ciudadanas, que la ciudadana Aracely Domínguez Rodríguez entregó el cuatro de agosto, también en representación de residentes de la ciudad.
“Lo que PGR nos pide de documentación incluye la Manifestación de Impacto Ambiental y copias certificadas de otros permisos, se entregaron hoy, como parte de que nos demandaron los vecinos, de las famosas denuncias públicas, pero nosotros contamos con todos los permisos (…) Hoy hicimos entrega de todo eso”, dijo.
González Hernández reiteró que en cualquier caso, de haber un responsable por la tala de manglares –sin autorización- y el presunto uso de líquidos tóxicos para desecar el humedal, quien habrá de ser sancionada es la empresa italiana Bi & Di, por incumplir el contrato de compraventa con el Fonatur, que les obligaba a esperar el aval de la Semarnat para el desarrollo de su proyecto en los 10 lotes de su propiedad.
“Ellos tenían que esperar el visto bueno de la Semarnat (…) el problema fue que se adelantaron o se brincaron un pasito y desafortunadamente se tenía que cumplir todo el procedimiento (…) ellos no quisieron que fuera Fonatur a través de su área de mantenimiento la que se encargara del desmonte, contrataron una empresa y no lo hicieron aecuadamente”, señaló.
La sanción sería de tipo económico, no sólo por parte de las autoridades ambientales, sino también por el Fonatur, que habría de aplicar una penalización por el incumplimiento de las clausulas del contrato.
“La sanción es para Bi & Di en el caso de Fonatur y en el caso de Profepa, también para ellos por incumplir con lo ambiental”, respondió, al rechazar que el Fondo sea corresponsable por el incumplimiento de condicionantes de la autorización de impacto ambiental expedida por la Semarnat.
A pregunta expresa, el funcionario negó también que hayan defraudado por segunda ocasión a la empresa italiana, al permutarles predios donde había manglar, lo que dificultaría su desarrollo, luego de haberles vendido en noviembre del 2005, predios con usos de suelo no aplicables para el tipo de proyecto de 20 pisos que pretendían construir frente a Playa Delfines, en la zona hotelera.
“Obviamente Fonatur en todos los procedimientos que lleva para la venta de los lotes, tiene que ir de acuerdo con un formato y precisamente la buena fama que tiene Fonatur para vender propiedades es que da certeza jurídica; entonces sería un error que Fonatur quisiera vender o sorprender a alguien con un área donde no se puede construir”, señaló.
Sin embargo en agosto del 2011, el Juez de lo Civil, Carlos Aguilar Godínez, radicado en el Distrito Federal, falló a favor de la empresa Bi & Di, condenando al Fonatur al pago de más de 325 millones de pesos, al concluir que la empresa fue defraudada, al “desconocer la situación real” de los cinco lotes que fueron ofertados por el Fondo y adquiridos por la compañía, con usos de suelo no aplicables a esa zona, “lo que violentó el principio de buena fe que rige en materia contractual”.
“Esos fueron los otros (predios). Ahí (frente a Playa Delfines) aparentemente les vendieron una sobredensidad. Malecón Tajamar es un desarrollo que forma parte de un plan de desarrollo de Cancún autorizado por administraciones anteriores”, insistió, en cuanto a que no se quiso sorprender a la empresa, sino que fue ésta la que incumplió las clausulas de un contrato para poder desarrollar sus 10 lotes.
El futuro de Malecón Tajamar
Al margen de la decena de lotes propiedad de Bi & Di, cuyo desarrollo está paralizado, 15 lotes están a la espera del aval del Fonatur y de Semarnat para desarrollarse, entre ellos la Prelatura de Cancún, que debe corregir el proyecto de la Catedral “Santa María del Mar”, excedida en 12 metros de altura.
El funcionario reveló que el proyecto, para el cual ya hasta se colocó la primera piedra, no cuenta aún con el aval del Fonatur, al no respetar los parámetros aplicables a la zona.
Los cambios y la primera etapa de las obras a desarrollar en los 25 lotes restantes en Malecón Tajamar deben realizarse antes de que venza la autorización ambiental, en febrero del 2016, emitida a favor del Fonatur para el Plan Maestro del complejo.
afcl