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Un juez federal negó a la Procuraduría General de la República (PGR) las 22 órdenes de aprehensión que el Ministerio Público federal había solicitado en contra de maestras y empleadas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, quienes laboraban en ese centro escolar el día del incendio que dejó un saldo de 49 niños fallecidos.

La resolución dictada por el juez tercero de distrito de Sonora, Ricardo Ruiz del Hoyo, señala que la PGR no logró acreditar la responsabilidad de las trabajadoras y profesoras en la muerte de los menores, por lo que tampoco se les puede inculpar de los delitos de homicidio culposo por omisión, lesiones culposas que no ponen en peligro la vida y lesiones culposas por omisión, cuando éstas ponen en riesgo una vida.

Según el fallo, el juez desestimó los argumentos de la PGR en el sentido de que las maestras y empleadas de la estancia infantil faltaron a su deber de cuidar a los menores de edad durante el incendio en la estancia infantil, ya que no evacuaron a todos los niños que estaban en el lugar.

Sin embargo, el impartidor de justicia explicó que los peritajes contenidos en la averiguación previa señalan que las 22 maestras y trabajadoras de la estancia infantil sí llevaron a cabo acciones de desalojo para tratar de rescatar a todos los menores atrapados, pero que no pudieron lograr su cometido, ya que el inmueble que albergaba a la guardería ABC no contaba con medidas preventivas para evitar que el incendio se extendiera con rapidez.

El accidente ocurrió el 5 de junio de 2009, cuando un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado se propagó a la estancia infantil, con un saldo de 49 niños muertos y decenas de lesionados.

Para Diana Judith Jaime Peralta, directora de la guardería ABC, cuando ocurrieron los hechos: “fueron dos semanas de total angustia para mí, a partir del día en que supe que la Procuraduría General de Justicia de Sonora había girado 22 órdenes de aprensión, una de ellas contra mí por homicidio culposo, por omisión y lesiones culposas por omisión.

“En ningún momento fui omisa. Nunca abandoné a los niños; al contrario, sin importar lo que pudiera pasar, lo único que pensé era sacarlos”.

“Entre las 22 personas que fueron acusadas por un grupo de padres yo soy la más lastimada. Tengo quemaduras en mi rostro, en mi espalda, en mis brazos, mis piernas; he estado cuatro años en cirugías y rehabilitación; en ningún momento abandoné a los niños. No puedo hablar por las demás maestras. Sólo por mí”, dijo.

Recuerdó que rescató en un principio a Andrea y a Alan, bebés de maternal; y luego a otros más.

“Lo que están haciendo con nosotras es una injusticia. Yo sólo fui una víctima más del incendio provocado por la quema de papeles en la bodega de al lado”, aseguró.

Para el licenciado Gabriel Alvarado, abogado de varios padres de familia de la guardería, es correcto el fallo al negar las órdenes de aprehensión. “La exigencia principal de los padres que yo represento es que se haga justicia, pero ellos nunca han promovido nada en contra del personal”.

Lo que quieren, dijo, “es que se llegue al pleno esclarecimiento de los hechos respecto a lo ocurrido en la bodega al servicio de la Secretaría de Hacienda. El perfil que le estaba dando la PGR al consignar a las maestras no era el correcto”, afirmó.

Mencionó que ahora resta esperar las acciones que tomará la PGR con motivo de esta resolución, ya que puede interponer un recurso de apelación.

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