Del 1 de enero de 1969 al 13 de septiembre de 1999, periodo correspondiente a la guerra sucia, se registró la desaparición forzada de 480 personas en 17 entidades de la República; en 62% de los casos (296), elementos del Ejército mexicano estuvieron involucrados, revela un informe de la Procuraduría General de República (PGR).

De acuerdo con el reporte, 61% de las desapariciones (293) ocurrieron en el estado de Guerrero, 9% en el Distrito Federal (44), 8% en Jalisco (38) y 5.4% (26) en Sinaloa.

Según las estadísticas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PGR, 275 pertenecieron al Partido de los Pobres, y tan sólo en el municipio guerrerense de Atoyac de Álvarez ocurrió la desaparición de 219 de sus miembros, de 30 en Acapulco, siete en Coyuca de Benítez y tres más en comunidades como Chilpancingo, Coyuca de Catalán y Tecpan de Galeana. En todos los hechos, elementos del Ejército mexicano son señalados como los posibles responsables.

En esta entidad también se da cuenta de la sustracción ilegal de miembros de la Asociación Nacional Revolucionaria (18), Fuerzas Armadas Revolucionarias (9), de la Liga Comunista 23 de Septiembre (2), de las Fuerzas de Liberación Nacional (1), Comando Armado del Pueblo (1), Vanguardia Armada Revolucionaria (1) y de dos sin militancia o dato.

El informe también destaca la desaparición de más elementos del Partido de los Pobres, organización política y guerrillera fundada en 1967 por Lucio Cabañas, en ocho entidades del país: Estado de México (7), Veracruz (2), Morelos (2), Chiapas (1), Distrito Federal (1), Oaxaca (1), Puebla (1) y Tamaulipas (1).

Mientras tanto, en el DF se sabe que 34 de las 44 personas desaparecidas entre enero de 1969 y mayo de 1997, militaban en las filas de la Liga 23 de Septiembre y cinco más en movimientos como Unión del Pueblo, Movimiento de Unificación Lucha Triqui, Fuerzas Armadas de Tacuba y la UNAM, Comando Armado del Pueblo y Movimiento del 68. De cuatro hombres se desconoce su militancia o datos, sólo hay indicios de que fueron desaparecidos entre 1979 y 1983 en la capital del país.

La Liga Comunista 23 de Septiembre, movimiento guerrillero que nació a inicios de los 70, tuvo presencia en 16 estados del país, siendo Jalisco y Nuevo León las entidades donde tuvo mayor actividad; sin embargo, el reporte oficial reconoce únicamente los casos de cinco desaparecidos en Monterrey.

En Sinaloa, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, Policía Judicial e integrantes de la Brigada Blanca posiblemente tuvieron que ver con la desaparición de individuos de este movimiento armado en municipios como Culiacán (18), Los Mochis (3), El Fuerte (3), Escuinapa (1) y Mazatlán (1), entre 1972 y 1979.

El resto de las desapariciones forzadas relacionadas con la Liga 23 de Septiembre ocurrieron en el Estado de México (9), Chihuahua (8), Sonora (7), Baja California (3) y Chiapas (3). A éstos se suman los territorios de Morelos (2), Oaxaca (2), Hidalgo (1), Michoacán (1), Nayarit (1) y Puebla (1).

El reporte, obtenido a través de la Ley de Transparencia, indica que agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) fueron los probables responsables de 20% de las desapariciones (96), la Policía Judicial de 9% (43), la Brigada Blanca de 2.5% (12) y la Policía Militar (2). De 31 víctimas restantes (6.4%) se desconoce a los posibles culpables.

Se precisa que de los 480 desaparecidos, 57% fueron militantes del Partido de los Pobres (275), 29% pertenecían a la Liga Comunista 23 de Septiembre (138) y 14% eran miembros de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (18), Fuerzas Armadas Revolucionarias (10), Movimiento de Acción Revolucionaria (9), Fuerzas de Liberación Nacional (6) y de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (5).

El resto corresponde a integrantes del Comando Armado del Pueblo (2), Vanguardia Armada Revolucionaria (1), Unión del Pueblo (1), Movimiento de Unificación Lucha Triqui (1), Partido Proletario Unido de América (1), Movimiento Armado Revolucionario (1), Movimiento del 68 (1) y de las Fuerzas Armadas de Tacuba y la UNAM (1). Siete personas desaparecidas en dicho periodo no participaron en ninguno de los 15 movimientos políticos o guerrilleros registrados en el informe y tres carecen de datos.

Destaca que 4.1% (20) del total de víctimas eran menores de edad al momento de su desaparición; 10% tenía entre 18 y 20 años (46). No obstante, se desconoce la edad de 31% de los desaparecidos, alrededor de 147 personas. El informe indica que la mayor parte de los desaparecidos, 155 individuos (32.2%) tenían entre 21 y 30 años. El 15.2% (73), entre 31 y 40 años, 4.7% (23) entre 41 y 50, y 16 de ellos, entre 51 y 80.

Según datos de la Coordinación General de Investigación de la PGR, de 1960 a 2000 no se había realizado ninguna averiguación previa por el delito de desaparición forzada correspondiente a la llamada guerra sucia.

Hasta la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), durante el gobierno de Vicente Fox, se iniciaron 60 averiguaciones, que dieron como resultado 21 probables responsables consignados ante las autoridades. Contra cuatro de ellos no se ejerció acción penal y se tiene reservada la información de 13 casos.

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