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Ostula.— En Xayakalan, dos días fueron suficientes para levantar un campamento a la orilla de la carretera federal 200, donde más de un millar de nahuas de Santa María Ostula permanecen en plantón permanente, impidiendo el tránsito de camiones de carga para exigir la liberación del comandante de su policía comunitaria, Cemeí Verdía Zepeda.
“Aquí esperamos a nuestro comandante, y si no lo liberan, entonces veremos qué más hacemos”, dice Germán Ramírez, profesor que ha tomado el lugar de Verdía y hoy también está a cargo de las autodefensas de Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán y Aquila; aunque aún no hay una decisión tomada, si el gobierno de Michoacán no suelta a Verdía, los nahuas podrían cerrar por completo la carretera que conecta los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
No existe un reporte sobre las afectaciones que ha dejado este bloqueo para las empresas que trasladan sus mercancías por esta carretera y han tenido que rodear; pero algunos comerciantes de Tecomán han reportado que por estos hechos sus ventas han bajado en 20 o 30%.
La movilización que ha iniciado desde el 19 de julio pasado, cuando las fuerzas federales arrestaron a Cemeí Verdía, es similar a la que ocurrió el 29 de junio de 2009, cuando aproximadamente un millar de comuneros marchó unos 20 kilómetros para recuperar por la vía de los hechos más de 700 hectáreas invadidas por pequeños propietarios vinculados al cártel de Los Caballeros Templarios; en esa ocasión la policía comunitaria enfrentó a varios sujetos que dispararon contra mujeres, niños y los hombres que pacíficamente intentaban reocupar su territorio; desde entonces, Xayakalan está bajo su resguardo.
Hoy, levantar este campamento ha implicado que la comunidad, de casi 5 mil habitantes, interrumpa sus labores cotidianas, ya que cada 24 horas se van unos y llegan otros para relevar.
Otra vez es domingo en Xayakalan y una ligera lluvia humedece la tierra, los nahuas de Ostula practican la paciencia, pero no están dispuestos a moverse de ahí sin que se cumplan antes sus demandas.
Lucha por el territorio. Para recuperar sus tierras en 2009, tras cuatro décadas de litigios agrarios que sólo prolongaban el conflicto, Ostula rearticuló su policía comunitaria y con ayuda de las guardias comunales de El Coire y Pómaro logró detener a los sujetos que agredieron a quienes entraron en Xayakalan, antes conocido como La Canahuancera, y los entregó al Ministerio Público de Michoacán.
Como venganza, la delincuencia organizada fue matando y desapareciendo a los principales líderes de la comunidad; desde entonces a la fecha, y tomando en cuenta el asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez, quien coordinaba la Comisión Especial para la Defensa y Recuperación de la Totalidad de las Tierras, han sido asesinadas 34 personas vinculadas con la defensa de la comunidad y seis más han desaparecido.
—¿Pero qué es lo que les interesa tanto de este territorio?
—Por aquí sacaban o metían droga por la playa; también hay mucha madera preciosa, la que le llaman Sangualica —cuyo valor comercial oscila entre los 25 mil y 32 mil pesos por metro cúbico; por su dureza y coloración rojiza— y luego está lo de las minas, dice el comunero.
Según la Secretaría de Economía, en Ostula existen 12 concesiones mineras que abarcan más de 7 mil 900 hectáreas; pero la comunidad no ha permitido su explotación.
Aunque muchos de los comuneros prefieren no revelar su identidad, todos aquí guardan dos nombres en la cabeza: el de Federico González Medina, alias Lico, y el de Mario Álvarez López; el primero es identificado por la comunidad como cabecilla de Los Caballeros Templarios en la región, el segundo fue alcalde de Aquila en dos ocasiones y en 2012 fue nombrado por el ex gobernador Fausto Vallejo como delegado regional de la Secretaría de Desarrollo Rural.
Para la gente de Ostula son ellos los responsables de todas las agresiones en contra de la comunidad, y consideran que la relación entre ellos es suficiente prueba de que los políticos y la delincuencia caminan juntos.
Entre los asesinatos están los de Pedro Leyva y Trinidad De la Cruz, ambos representantes de la comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a Leyva lo mataron el 6 de octubre de 2011 y a De la Cruz dos meses después.
A pesar de que se había firmado un acuerdo con las autoridades estatales para que garantizaran la seguridad en la zona, a principios de 2011 Cemeí había sufrido el primer atentado contra su vida mientras, pero logró escapar y decidió irse de la comunidad durante algún tiempo.
Sin nadie que resistiera se impuso el silencio y el control en la comunidad: “empezaron a matarnos, en las asambleas no podíamos participar porque al rato te iban y te mataban...”, recuerda el comunero Gilberto Reyes.
“Les estorbamos”. En febrero de 2014, apoyados por algunos grupos de autodefensa de los municipios de Coahuayana, Chinicuila, Aquila y Coalcomán, varios de los desplazados por la violencia en Ostula encontraron una forma de volver a su comunidad para reorganizar la policía comunitaria y hacerse cargo de la seguridad en la zona; desde entonces, Cemeí Verdía fue nombrado comandante de la policía comunitaria y también se integró a la Fuerza Rural.
“No sé que tengan contra él o por qué lo detuvieron, pero estaba haciendo bien las cosas”, indica Modesta Santos de Asís, comunera.
Sus palabras prácticamente se replican en la voz de todo aquel a quien se le pregunta por Cemeí Verdía; consideran que los cargos en su contra son fabricados y asegura que no es casual que las nuevas órdenes de aprehensión giradas en contra de varios de sus compañeros corresponden con quienes declararon en contra del alcalde de Aquila, Juan Hernández, y de su jefe político, Mario Álvarez: “Es una colusión del Estado, no pudieron matar a Cemeí en cuatro intentos y pues ahora lo mandan a la cárcel y el gobierno se está prestando”.
