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Después de realizar un acto de protesta y colocar una corona de flores frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Elia Tamayo, madre del niño de 13 años que murió durante un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales el 9 de julio de 2014 en Chalchihuapan, Puebla, exigió no se dé carpetazo a las indagatorias y se castigue a los responsables.
Acompañada de Graciela Bautista cuyo familiar se encuentra preso, Tamayo denunció que hasta la fecha ningún elemento policiaco se encuentra detenido y recriminó a la CNDH su olvido para dar seguimiento a la recomendación que emitió.
Sobre este caso, la comisión defensora de los derechos humanos informó que a un año de lo ocurrido en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, aún quedan pendientes de cumplimiento cinco de 11 puntos recomendatorios, particularmente lo relativo a la determinación de las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y la sanción.
El organismo autónomo reiteró su llamado al gobierno de Puebla para que cumpla la recomendación 2VG en su totalidad y aseguró que no permitirá que se dé carpetazo en tanto no sean atendidos, a cabalidad, todos los puntos recomendatorios.
En un comunicado, se informó que Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador general de la CNDH, recibió a la señora Elia Tamayo, madre del niño que falleció por un impacto en la cabeza de un proyectil de la polícía durante un enfrentamiento entre policías estatales y pobladores el pasado 9 de julio de 2014, cuando se manifestaban en la autopista Puebla-Atlixco.
El funcionario le dijo a Elia Tamayo, quien estuvo acompañada por Alan Jiménez, asesor en derechos humanos, y Araceli Bautista, madre del ex presidente auxiliar de Chalchihuapan, que para la CNDH lo sucedido en esa fecha es grave, por lo que continuará el seguimiento escrupuloso a los puntos recomendatorios hasta su total cumplimiento por parte del gobierno.
Les dio a conocer que el organismo emitirá medidas cautelares al gobierno del estado de Puebla para que cese el acoso contra las víctimas y se atienda la salud de los pobladores que se encuentran en prisión.
Acciones. Sobre los puntos recomendatorios, cuyo cumplimiento aún está pendiente, destaca el que se informe sobre las sanciones administrativas y/o penales definitivas que hayan sido impuestas a los servidores públicos involucrados, así como la reparación del daño, ya que está en estudio la determinación de los criterios utilizados para fijar los montos asignados a las víctimas.
La CNDH consideró que el acto de disculpa pública hacia los afectados realizado por las autoridades de Puebla, no se ajustó a los estándares internacionales, por lo que este punto también se encuentra pendiente de cumplimiento.
En seguimiento a la recomendación, este organismo nacional ha enviado 11 solicitudes de información a diversas instancias y dependencias del gobierno del estado de Puebla y ha recibido 28 oficios de respuesta.
Elia Tamayo Montes expresó su demanda de justicia, y exigió la inmediata libertad de los pobladores que están en prisión por este caso.
También solicitó a la CNDH que los acompañen a la marcha que este día, 9 de julio, a un año de los hechos, realizarán los pobladores desde Chalchihuapan a la ciudad de Puebla, en un trayecto de unos 30 kilómetros que realizarán a pie y en autobús.
