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Tuxtla Gutiérrez.— En atención a diversas denuncias anónimas ciudadanas, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron en flagrancia a diez sujetos por el presunto delito de extorsión.
En el marco de la averiguación previa FAR/173/2015, la Fiscalía Especializada en Asuntos Relevantes informó que la banda encabezada por Saúl Álvarez López operaba dos “retenes carreteros” en diferentes puntos del municipio de Suchiate.
El primero de ellos había sido colocado en el tramo Tapachula-Ciudad Hidalgo, a la altura del puente, y el segundo en el tramo Jaritas-Ciudad Hidalgo, donde extorsionaban y cobraban indebidamente 30 pesos a cada conductor por el paso de los tráileres que ingresaban a la ciudad, con la amenaza de ser retenidos si no pagaban la cuota.
Un comunicado de la PGJE indica que esta actividad la realizaban de lunes a domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, tiempo en el que pasaban alrededor de 100 unidades, lo que significa un ingreso de seis mil pesos al día.
Los sujetos, dio a conocer Procuraduría General de Justicia del Estado, manejaban como argumento que el dinero sería utilizado para la reparación de las calles.
Vendían actas de nacimiento. Además, Saúl Álvarez López es investigado por la comercialización de actas de nacimiento originales, las cuales eran llenadas con nombres reales de ciudadanos mexicanos y ofrecidos a migrantes centroamericanos en cinco mil pesos cada una.
En estas acciones, a los detenidos les fueron asegurados tres mil 600 pesos en efectivo, producto de la extorsión, tickets que entregarían a los conductores de los tráileres, así como seis actas de nacimiento, “las cuales forman parte del cúmulo de pruebas recabadas por la autoridad ministerial”.
Hasta el pasado primero de julio, Saúl Álvarez López fungía como oficial del Registro Civil de Suchiate.
Como parte del desahogo de las diligencias, la Fiscalía Especializada escucha en declaración a diversos conductores que fueron víctimas de extorsión.
De esta forma, en las próximas horas la Procuraduría de Chiapas determinará la situación jurídica de los detenidos, en estricto apego a derecho, informó el comunicado de la PGJE.
