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San Cristóbal de las Casas.- La violencia generada por el crimen organizado, la extrema pobreza, así como los conflictos políticos y religiosos, entre otros factores, han provocado el éxodo de mexicanos. Son mayoría los que han emigrado hacia el extranjero, sobre todo hacia Estados Unidos, pero son numerosos también quienes han huido de sus comunidades para trasladarse a otros estados de la República.
Cifras dadas a conocer por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) indican que al menos 281 mil 418 mexicanos se encuentran actualmente en condición de desplazamiento forzado interno. De estos casos 9 mil se registraron el año pasado.
Según esta organización, 89 mil 859 corresponden a casos de desplazamientos masivos, es decir, en donde de manera simultánea 10 o más familias huyen de sus comunidades por el temor fundado de una amenaza directa e inmediata a la vida, a la seguridad o a la libertad, o bien porque han sido objeto de violaciones graves a sus más elementales derechos humanos.
Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Veracruz son los estados que, debido a la violencia, cuentan con mayor número de desplazamientos masivos. Sin embargo, Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen también un considerable número de personas desplazadas por conflictos entre comunidades indígenas, así como de carácter religioso o político.
Si bien en los registros de las organizaciones hay casos de personas desplazadas en Chiapas desde 1995 y que no han podido regresar, el fenómeno ha crecido aceleradamente a partir de 2011. Hoy, el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos (IDCM, por sus siglas en inglés) señala que México se ubica, junto con El Salvador, Honduras y Guatemala, con la mayor tasa de desplazamiento de la región.
Ni políticas públicas ni leyes
En la presentación del libro El desplazamiento interno forzado en México. Un acercamiento para su reflexión y análisis, editado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), El Colegio de Sonora y el Senado de la República, en 2013, el senador Zoé Alejandro Robledo Aburto acusa la ausencia de políticas públicas para atacar este fenómeno, así como el vacío en materia de leyes, por lo que llama a establecer urgentemente un marco jurídico en el tema que brinde atención permanente a los desplazados, hoy en la indefensión.
En sus apuntes, el tambiém politólogo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), señala que en muchas ocasiones la huida es tan precipitada, pues la vida está en peligro, que los desplazados dejan en sus hogares la totalidad de sus pertenencias.
“Los desplazados viven con sus recuerdos y éstos caminan a su lado, siendo esta compañía, las más de las veces, su única pertenencia”, reflexiona Robledo Aburto.
Para Laura Rubio, también investigadora del ITAM, las cifras dadas a conocer por la CMDPDH son conservadoras. La estudiosa —quien documentó el fenómeno en su libro Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, editado en 2015— explica que aunque esos más de 281 mil casos son los que se han podido documentar, se trata sólo de aproximaciones, pues hace falta un estudio nacional cuantitativo que pueda dimensionar el verdadero tamaño del fenómeno.
La investigadora del ITAM, quien expresa que el país tampoco cuenta con una infraestructura que permita brindar atención a las víctimas de esta clase de fenómenos, destaca que únicamente el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tiene capacidad para realizar un estudio de esa envergadura.
