El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en el Congreso de Quintana Roo, Sergio Bolio, informó que “debido a las coincidencias y principios básicos” que poseen, se unificarán en un solo documento las iniciativas de Ley para la presunta Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos presentadas por el gobernador del estado, Roberto Borge, un trío de asociaciones de comunicadores y el propio legislador local.
En el marco del tercer foro en el que se tocó el tema de la iniciativa impulsada por Borge Angulo, el diputado aseguró que las observaciones, propuestas y comentarios presentados, serán integrados a un borrador final, que no necesariamente será presentado al gremio periodístico antes de someterse a votación en el Congreso Local.
Respecto a este último punto, la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Susana Hurtado, se comprometió a pugnar porque exista un cuarto foro para que sea presentada públicamente la iniciativa final, pues desde su perspectiva “existen grandes avances” y la ley no debe demorarse para que la presente Legislatura pueda aprobarla.
“Si nos vamos en treguas, treguas, treguas, termina el Congreso y no tienen ustedes una ley que los respalde”, señaló la legisladora, quien remarcó que es necesario defender a los “trabajadores periodísticos” –entre otras cosas- de los abusos laborales que enfrentan y el desamparo en el que quedan muchos de ellos, al enfermar. “Tenemos casos muy drásticos, muy dramaturgos (sic)”, dijo.
Cuestionado sobre la rapidez con que se pretende aprobar la Ley -criticada por organizaciones como Artículo 19, periodistas locales, abogados y legisladores, quienes consideran que la iniciativa impone restricciones al ejercicio periodístico y vulnera los derechos de las y los comunicadores- Bolio Rosado pidió un voto de confianza y negó que los foros y la propia ley, sean una “simulación”.
Entrevistado al término del foro, que reunió a menos de la mitad de los participantes en la consulta realizada el 16 de julio pasado, también en Cancún, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que, entre las modificaciones ya contempladas, está el de plasmar en la ley -como un derecho- la Libertad de Expresión y no como una “prerrogativa” como se propone actualmente.
“Hay mucha coincidencia en algunas aportaciones que se hacen, ya las tenemos integradas a un documento que se está haciendo, que se está enriqueciendo, se ha ido modificando con las aportaciones que nos han hecho y que son procedentes, porque habrá algunas que no procedan, de tal manera que cuando regresemos del receso decretado en comisiones, afinaremos el documento.
“Yo la verdad no le veo sentido a seguir esperando si ya tenemos un documento que nos permita que les sirva a los periodistas”, dijo.
Al preguntarle sobre la legitimidad de una Ley de Protección a los Periodistas, cuestionada por periodistas y de un proceso en el cual la ausencia del grueso de comunicadores se hizo presente en los dos foros realizados en Cancún, como una forma de protesta, ante lo que advierten, será una imposición, Bolio Rosado respondió: “Es su derecho, participar o no participar, nuestra obligación es legislar y lo estamos haciendo de una forma objetiva”.
Bolio Rosado añadió que están tomando en cuenta el dictamen técnico-jurídico, dado a conocer por la organización Articulo 19, que concluye que la iniciativa de Ley de Borge Angulo –a quien declaran “enemigo de la prensa independiente”- está plagada de errores de forma y fondo que “restringen ilegítima y desproporcionalmente la labor periodística, lejos de otorgarle protección conforme al objeto de la ley”.
“La gente que opinó y nos hizo llegar sus observaciones, las integramos a un documento, haciendo caso de lo que se nos está señalando para que en base (sic) a ello podamos dictaminar, integrar nuevo documento, subirlo al pleno y que se pueda convertir en Ley”, insistió.
Durante las intervenciones en el foro, el diputado Jorge Aguilar Osorio, subrayó que, con base en el análisis de Artículo 19, “toda la iniciativa de ley está redactada en sentido inverso”, a lo que implica la protección de periodistas.
Añadió que, ante un escenario en el que “pareciera que de quien se tendrían que proteger los periodistas, es de las autoridades de gobierno”, propuso castigos a funcionarios públicos que ataquen, persigan, hostiguen o emprendan campañas que afecten la imagen e integridad de comunicadores, porque a través de esas estrategias lo que se busca principalmente es coartar el ejercicio de la Libertad de Expresión y a la Información, que son derechos constitucionales.
jlc