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El fiscal Rodrigo Dorantes Salgado renunció esta noche al cargo que ocupaba desde enero de 2013, cuando fue designado por 28 de los 30 diputados del Congreso de Morelos. Su salida fue confirmada por mandos de la Fiscalía General del Estado.
El gobierno estatal ha sido hermético sobre el tema aunque de manera extraoficial trascendió que la dimisión será formalizada este jueves, y entonces correrán 30 días para que el gobernador Graco Ramírez Garrido integre una terna para enviarla al Congreso de Morelos, cuyos legisladores tienen la potestad constitucional de analizar la propuesta y elegir al nuevo responsable de la procuración de justicia.
En las instalaciones de la Fiscalía hay versiones de que el abogado Rodrigo Dorantes aceptó la invitación de la Procuraduría General de la República (PGR) para regresar a sus labores como Ministerio Público, pero desde el medio día de hoy el Comisionado estatal de seguridad pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, pidió su dimisión al poner en tela de juicio la transparencia en la integración de las carpetas de investigación.
“Yo pregunto ¿dónde, cuándo de forma transparente la Fiscalía ha dado conferencia de prensa para decir con efectividad cuántas carpetas de investigación consigna. ¿Cuándo la Fiscalía ha emitido comunicado para disciplinar, de cara a las sociedad, a sus policías”, reclamó el comisionado al manifestar en conferencia de prensa su protesta por la detención de un policía del Mando Único, imputado del delito de robo a mano armada.
Capella pidió la renuncia del fiscal porque en su opinión el Ministerio Público actuó con dolo en la detención del elemento policial, adscrito a la unidad especializada antisecuestros.
El policía y otro hombre que lo acompañaba durante la detención fueron liberados por un juez oral, bajo el argumento de que la aprehensión fue ilegal porque no había suficientes elementos para demostrar su participación en el ilícito.
“Que se vaya quien se tenga que ir”, espetó Capella Ibarra en el Centro de Control y Comando (C5) de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), donde acudió la fiscal antisecuestros, Adriana Pineda Fernández.
Protocolo
De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política del estado para que el Fiscal abandone el cargo puede haber dos escenarios. El primero es que renuncie, y en ese supuesto debe notificarlo al Congreso para que éste la admita y se le de respuesta.
En caso de ser destituido por mandato del Ejecutivo o el Congreso la remisión debe ser acordada por el voto de las dos terceras partes (20) de los integrantes del Congreso.
Si el Ejecutivo pide su cese entonces debe enviar una carta al Congreso para justificar los motivos del cambio, según el artículo 70, fracción 34.
Por otra parte, en caso de que el Fiscal renuncie debería esperar a que el Congreso se la admita, pero como se encuentra en receso, esa facultad recae en la Diputación Permanente. Los diputados proyectan sesionar el miércoles o jueves de la siguiente semana.
En el último de los escenarios, si el Fiscal decide separarse del cargo entonces el gobernador tiene 30 días, a partir de que sea aceptada la renuncia, para enviar al Congreso una terna para elegir al nuevo titular. Mientras tanto podrá nombrar a un encargado del despacho, pero que reúna los mismos requisitos para ser Fiscal, conforme con el articulo 79-B.
