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Chilpancingo.— El secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, informó —a ocho días de que un grupo de policías de la Fuerza Estatal inició un paro de labores— que 32 elementos de esa corporación, además de estar separados de sus funciones, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
En conferencia de prensa, acompañado por el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Victoriano Sánchez Carbajal, explicó que durante los ochos días que los policías han protestado para exigir mejoras salariales, uniformes y bonos de riesgo, entre otras cosas, han cometido varios delitos.
Además de no realizar sus funciones, dijo, han cometido también “abuso de confianza, daños, el ejercicio indebido del servicio público, insultos a la autoridad y el uso indebido del uniforme cuando ya fueron suspendidos, algo que consideramos aberrante”, señaló.
Sánchez explicó que desde hace un mes, en una mesa de trabajo en el Palacio de Gobierno que él mismo encabezó, se estableció un compromiso con los policías inconformes sobre las mejoras salariales que solicitaban, pues el quebranto financiero de la administración estatal también afecta la seguridad pública. No obstante este acuerdo, indicó, los polícías paristas decidieron realizar su movimiento.
Explicó que el estatus legal de los 32 elementos “fue motivo de un procedimiento administrativo disciplinario (lo que implica que están suspendidos), no significa que están fuera, sino que por una disposición legal las funciones que llevaban a cabo como policías en activo no las pueden desarrollar hasta en tanto la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública emita un fallo al respecto”.
Paralelo a ello, comentó el funcionario, “se ha hecho de conocimiento de los hechos al Ministerio Público del fuero común, lo que posiblemente constituyan delitos, y el juez competente facultará a la ley para determinar si existe o no delito alguno. Los policías que se encuentran suspendidos y en procedimiento administrativo que se está llevando a cabo son independientes a las investigaciones que está realizando la propia Fiscalía General del Estado”.
Los culpan de enfrentamiento. Almazán negó que este movimiento y las demandas que enarbola sean una situación que compartan los 2 mil 295 elementos de la corporación.
Asimismo, culpó al grupo de policías paristas de los hechos del lunes 20 de julio en Chilpancingo, pues la Fuerza Estatal no hizo algo para disuadir el enfrentamiento de transportistas en el zócalo de la ciudad, que dejó un saldo de 10 personas lesionadas y 50 unidades de transporte quemadas.
El movimiento fue iniciado por el oficial Jonathan Arcos, cuyos elementos a su cargo realizaban tareas de inteligencia para desfragmentar grupos de narcomenudistas en la zona Centro. Culpó a esa agrupación de policías de filtrar a grupos incluso de la “delincuencia” fotos de policías estatales encubiertos para tareas de inteligencia.
Negó que haya diálogo por ahora con los policías, porque a pesar de que éstos continúen con su movimiento y soliciten su remoción, ya hay procedimientos iniciados ante los órganos que se encargarán de la situación.
