Tras detectar que alrededor de 200 mil familias eran presionadas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) suspendió en dicha entidad la aplicación de una cláusula que exigía a los beneficiarios del programa Prospera certificar que sus hijos en edad escolar asistan a clases.
La Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, explicó que dicha determinación será temporal mientras el gobierno de Gabino Cúe concluye la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cuya desaparición fu decretada hace una semana para evitar que dicho organismo siguiera bajo control del magisterio aglutinado en la sección 22 de la CNTE.
Acompañada por la Coordinadora Nacional del programa Prospera, Paula Hernández Olmos, Robles Berlanga advirtió que el gobierno federal no va a permitir que un programa para combatir la pobreza sea utilizado con fines políticos o que son totalmente contrarios al interés superior de los niños y niñas de Oaxaca, por lo que se trata de una medida más para poder implementar a cabalidad la reforma educativa en ese estado.
Explicó que para poder entregar los apoyos que se entregan mediante el programa Prospera, las madres de familia beneficiarias estaban obligadas a certificar que sus hijos asistieran a clases, pero como ese trámite era entregado por el IEEPO bajo control de la CNTE, el magisterio disidente comenzó a condicionar la entrega de dicha certificación a que los padres y madres asistieran a marchas a favor de la Sección 22.
Además, algunos profesores también solicitaban la entrega de 100 pesos o más a las familias afiliadas a Prospera, con el argumento de que necesitaban dicho apoyo provenientes de las becas para menores para poder asistir a sus actividades políticas con la CNTE, lo que representa un condicionamiento y un chantaje en detrimento de los menores que recibían una beca por ir a la escuela y mejorar su nivel educativo.
Por su parte, la titular del programa de becas y apoyos económicos, Paula Hernández destacó que cuentan con más de 300 cartas de madres de familia que han denunciado este tipo de prácticas por maestros de la Sección 22, además de que se han presentado quejas por vía telefónica e internet, por lo que el cálculo es que más de 200 mil de las 433 mil familias beneficiarias de Prospera, eran objeto de presiones, chantajes y amenazas.
ovs