Después de sostener un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Gobernación —entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz— y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), autoridades de la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, informaron que se signaron una serie de acuerdos para intentar distensar la situación que se vive en la costa michoacana, esto despúes del arresto de Cemeí Verdía y la muerte de niño Idilberto Reyes García.
Entre los acuerdos alcanzados, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de Justicia de Michoacán se comprometieron a cuidar las declaraciones públicas que hagan sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de julio en el poblado Ixtapilla para no minimizar los hechos ni exculpar a nadie sin una investigación seria.
Las autoridades presentes en la reunión condenaron los hechos ocurridos en la comunidad indígena el domingo pasado, en especial la muerte del menor, y se comprometieron a que se haga justicia y se esclarezca la verdad de lo ocurrido.
También hubo un compromiso de la autoridad para que no existan agresiones, hostigamiento o detenciones por el ejercicio de la seguridad comunitaria en contra de integrantes de Ostula y los municipios de Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana.
Sin embargo, la comunidad aclaró que esto no significa ningún tipo de impunidad en favor de cualquiera de las personas que habitan en estos municipios del estado.
También se pactó tener una reunión en la región de la costa michoacana a más tardar en 15 días para que las autoridades se entrevisten con la gente de Ostula.
Presentan exigencias. Durante la reunión, las autoridades de Ostula también exigieron el respeto a su policía comunitaria, la inmediata liberación de Cemeí Verdía Zepeda y justicia inmediata y castigo a los culpables de los hechos violentos registrados el domingo anterior.
Tras la reunión y la firma de convenios, la comunidad de Ostula recordó que no es la primera vez que se establecen espacios de diálogo y acuerdos con el gobierno, pero eso no contuvo la violencia que ha generado 34 muertos y seis desaparecidos desde 2008.
“Es por esto que hacemos un llamado a estar atentos a la tensa situación que prevalece en la comunidad para que se respeten los acuerdos firmados”, indicó la comunidad a través de un comunicado.