Morelia.— La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que Semeí Verdía Zepeda —líder comunitario de Ostula aprehendido el domingo— será también procesado por el asesinato de tres personas, asociación delictuosa y robo de minerales; sin embargo, autoridades de esta comunidad aseguraron que no se le puede acusar de matar a esos sujetos, puesto que murieron en un enfrentamiento.
La delegada estatal de la PGR, Berta Paredes Garduño, indicó que estos tres delitos se suman a los dos que originalmente le había fincado por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, así como delitos electorales.
En conferencia de prensa del Grupo de Coordinación Michoacán, que integran autoridades de gobierno y mandos policiacos, la funcionaria precisó que la PGR investiga, desde hace tiempo, a Verdía Zepeda por asociación delictuosa y robo de minerales.
La PGR señaló que “se analizan algunos videos y otras pruebas para determinar la responsabilidad de Verdía Zepeda en otros hechos delictivos”.
Sin embargo, sobre las nuevas acusaciones en contra del líder rural por los supuestos asesinatos de Victorino Mejía, Argel Mejía Valdovinos y Rigoberto Mejía Valdovinos, autoridades de la comunidad recordaron que el 25 de mayo pasado, un comando emboscó a Verdía —quien resultó ileso— cuando bajaba de la cabecera de Ostula hacia la costa, por lo que las policías comunitarias de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán se movilizaron para intentar detener a los responsables, quienes se ocultaron en una cueva.
La noche del 25 de mayo se halló a los agresores y comenzó un enfrentamiento que terminó la madrugada del 26 de mayo con la muerte de los atacantes y dos policías comunitarios.
En esa ocasión, la comunidad responsabilizó a Federico González Medina, presunto cabecilla de Los Caballeros Templarios en la región, y a Mario Álvarez, funcionario del gobierno del estado de Michoacán.
El 1 de junio, la comunidad logró acreditar que en los atentados contra Verdía, ocurridos en diciembre de 2014 y mayo de 2015, también estuvieron involucrados el presidente municipal de Aquila, Juán Hernández, y José Antioco Calvillo, autodefensa de Huahua.
Según las investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Hernández y Calvillo sostuvieron varios encuentros con integrantes de la delincuencia organizada, entre ellos Federico González, quienes ofrecieron dinero para matar a Verdía.
Según la investigación, Hernández Ramírez también se reunió con Servando Gómez, La Tuta, para acordar cómo explotar la minería en Pómaro —comunidad contigua a Ostula—, pero veían como un obstáculo a Verdía.
En sus declaraciones, Hernández confesó haber contratado a Victorino Mejía, Argel Mejía, Rigoberto Mejía, Ramiro Álvarez y Cristian David García para asesinar al líder comunitario.
No fueron balas de oficiales, reiteran. Por otra parte y sobre los hechos de la agresión a la población civil en la manifestación del domingo tras la detención de Semeí Verdía, la delegada de la PGR subrayó que “no hay aún elementos suficientes para excluir a nadie de la responsabilidad”.
Recalcó que la investigación de la PGR sigue abierta para determinar quién realizó los disparos que hirieron a cuatro personas, entre ellas dos niños, y provocaron la muerte del menor Idilberto Reyes García.
El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia en el estado, Jaime Rodríguez Aguilar, dijo que materialmente “es imposible que una bala de un oficial haya podido alcanzar a nadie, ya que el restaurante Costa Michoacana —donde fue muerto el menor—, se ubica a 309 metros de distancia de dicho puente”, argumentó.
En tanto, el comisionado para la seguridad en Michoacán, el general Felipe Gurrola, advirtió que “no se permitirán más grupos de civiles armados, ni grupos de autodefensas” y aclaró: “Iremos en contra de aquellos que infrinjan la ley, sea quien sea”.
