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El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, pretende volver a encarcelar a su ex empleada doméstica, Gisela Peraza, quien obtuvo su libertad el 8 de junio, luego de estar cuatro años en la cárcel acusada de un robo que no probó, denunció su abogado José Antonio Ortega.
En entrevista con EL UNIVERSAL TV, el defensor dijo que incluso no sólo buscan reencarcelarla, sino aumentar su pena a 10 años, por lo que la joven pidió intervenir al presidente Enrique Peña Nieto, ante las presiones del mandatario y su esposa contra el Primer Tribunal Regional del Primer Circuito del estado para su reaprehensión.
Gisela Peraza trabajó por más de 10 años con la familia Padrés Dagnino. En 2011 fue acusada de robar 450 mil pesos en efectivo y 150 mil pesos en joyas. Luego de ser detenida, incomunicada, torturada y trasladada a tres penales distintos, se le sentenció a cuatro años. El día que debía ser liberada, fue acusada de narcomenudeo por supuestamente tener drogas en su celda, imputación de la que fue absuelta.
Hace unos días, Guillermo Padrés nombró como su representante legal y de su esposa a Alfonso Sánchez Lara, quien solicitó —por medio de una carta— al Primer Tribunal Colegiado Regional de Hermosillo que ampliara la sentencia de robo contra la joven.
Ortega explicó que cuando ocurrió el supuesto robo, Gisela estaba de viaje en Nueva York con la familia del gobernador, ya que también era la niñera.
Al regresar, Padrés se enteró del atraco en la casa de gobierno y al buscar en las habitaciones de los empleados, en el de Gisela encontraron un celular que pertenecía a María Iveth Dagnino.
Ortega explicó que Roberto Munro, sobrino del actual secretario de Seguridad Pública estatal, Ernesto Munro Palacio, fue quien realmente tomó el efectivo e incluso lo devolvió.
La defensa de Gisela advirtió que no existen pruebas en su contra y que el delito de robo no tenía agravantes, al supuestamente haberse cometido en el lugar de trabajo. Sin embargo, se le negó el derecho a una fianza.
Ortega dijo que como parte de las pruebas de descargo solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la Casa de Gobierno, pero “nos las negaron”.
De la misma forma, comentó que pidió una declaración del gobernador y de su esposa, ya que la acusada “tenía como 10 años o más trabajando con ellos y siempre hubo plena confianza. “Lo que pretendíamos era preguntarle si en alguna ocasión habían visto una mala conducta o algo que pudiera generar sospechas sobre la honradez de la joven, pero también lo rechazaron”.
José Antonio Ortega reveló que también ha sido víctima de amenazas.
El abogado dijo que “todo se ha hecho de una forma autoritaria, en una forma dictatorial. Y puede suceder lo mismo, porque (Padrés) todavía es gobernador que actúa como dictador. Es una barbaridad y es hasta vergonzoso”.
—¿Por qué esta saña de Padrés contra Gisela Peraza?
—Por la soberbia del gobernador y porque tiene miedo que ella revele intimidades. De hecho, el 2 de junio le propuso un convenio: que saliera del estado seis meses, sin hablar con nadie. Pero ella teme por su vida, dijo.
