La organización Artículo 19 calificó la iniciativa de ley impulsada por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para proteger a periodistas y defensores de Derechos Humanos como “un verdadero acto de simulación”, al ubicar al mandatario estatal como “enemigo de la prensa independiente” y principal agresor de comunicadores y activistas en la entidad.
Después de un análisis del contenido de la iniciativa de ley, que fue motivo de dos foros de consulta realizados el jueves y viernes de la semana pasada en Cancún y en Chetumal, la agrupación concluyó que la propuesta de Borge Angulo contiene disposiciones plagadas de errores de forma y fondo que “restringen ilegítima y desproporcionadamente la labor periodística, lejos de otorgarle protección conforme al objeto de la ley”.
Entre las fallas más graves, Artículo 19 encontró que la denominada “Ley Borge”, reduce a la Libertad de Expresión a una simple “prerrogativa” cuando es un Derecho constitucional.
“En la iniciativa de la Ley de Quintana Roo, se hace referencia al secreto profesional desde una visión restrictiva para la actividad periodística, comenzando por establecer una obligación de no hacer o de abstenerse (…) en este tenor, se obliga a que (los periodistas) no proporcionen información que reciban, conozcan o tengan en su poder y que tenga el carácter de reservada”, señala la organización internacional.
Sobre la acreditación para acceder como periodista a todos los edificios e instituciones públicas, la agrupación afirmó que se trata de una limitante al ejercicio periodístico. “Los programas de acreditación pueden constituir una fuente de abuso por parte de autoridades, pues éstas podrían negar en algún momento dar acreditación a periodistas que, por ejemplo, sigan una línea crítica al gobierno o que simplemente exijan acreditación en casos donde no haya situaciones o impedimentos auténticos que hagan necesario exigirla, restringiendo desproporcionadamente el derecho a la libertad de información”, se detalla.
La toma de imágenes en instalaciones públicas salvo por cuestiones de seguridad, defensa del estado o conservación y preservación de aquellos que constituyan patrimonio histórico estatal, constituye –de acuerdo con Articulo 19- una facultad discrecional y contraria a la difusión de asuntos de interés público. Se crean mecanismos como el “fondo” de ayuda para comunicadores que, por su redacción, puede prestarse a la cooptación de periodistas.
“NO ES UNA LEY EXPRESS": LABASTIDA
El 13 de julio pasado, se eligió la Mesa Directiva que conducirá los trabajos legislativos del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones convocado para mañana lunes, en donde “se abordará” la iniciativa de Ley de supuesta Protección a Periodistas y Defensores en Derechos Humanos.
“Resulta preocupante que la iniciativa de Roberto Borge pretenda aprobarse con premura y rapidez, sin sujetarla a un proceso de dictamen y discusión amplia y robusta respecto a su contenido", señaló Artículo 19.
“La iniciativa no se hizo pública sino hasta el viernes 17 de julio, a pesar de que en la página del Congreso de Quintana Roo aparece como fecha de publicación de la misma el jueves 16 de julio”, reprochó la agrupación, que llamó “urgentemente” al Congreso local a no aprobar la iniciativa de ley en los términos en que ha sido presentada y a garantizar que sea ampliamente discutida, junto con otras propuestas, escuchando todas las voces “sobre todo de periodistas independientes y críticos”.
Al respecto, el titular de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, Raúl Labastida Mendoza, negó la intentona de aprobar la ley de manera “express”, pese a que la propuesta no se puso a disposición del gremio periodístico sino hasta el viernes pasado y solo mediaron dos foros –jueves y viernes- antes de que la iniciativa se turne a discusión en el Congreso, mañana.
“No, no es una ley express, no tergiversen donde no hay, se trata de ser objetivos”, respondió el abogado, sobre el escaso tiempo que se dio al gremio periodístico y a los activistas en derechos humanos, para conocer y analizar la Ley.
En entrevista, Labastida Mendoza consideró que la Ley es una aportación que evidencia el supuesto interés del gobernador por defender el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos, como un mecanismo para “frenar” o “limitar” al propio gobierno. “Se trata de una ley que alienta el derecho humano”, insistió.
