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Monterrey.— Para la Procuraduría del Justicia de Nuevo León, los familiares de víctimas de desaparición “no existimos, somos los otros desaparecidos”, pues incluso quienes se han organizado, se enfrentan con omisiones, negligencia y falta de resultados.
Así lo señaló Irma Leticia Hidalgo, dirigente de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDNL), quien señaló que el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz decidió que la manera de enfrentar las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico (desaparición de personas, ejecuciones, extorsiones, cobro de piso, secuestros; despojo de inmuebles, terrenos, y empresas), sería “la evasión de la realidad”.
Durante el tiempo que la Procuraduría de Justicia estuvo a cargo de Adrián de la Garza Santos —hoy alcalde electo de Monterrey—, la decisión fue “no atender a las víctimas del delito”, postura que permeó en la actuación de ministerios públicos, policías ministeriales, elementos de periciales y del servicio médico forense, acusó Hidalgo.
En los últimos 10 meses, que incluyen la parte final de la gestión de Adrián de la Garza y de Javier Flores ya como procurador, expuso la activista, se abrió una mesa de evaluación para revisar el trabajo de los agentes del Ministerio Público por parte de la procuraduría y familiares de víctimas.
Según las cifras, se demostró que la estrategia de investigación, búsqueda y localización “ha sido deficiente”.
Hidalgo mencionó que de 52 comparecencias para interrogar a personas que pudieran aportar información, sólo se han realizado nueve (17%), están en trámite 33 (64%) y 10 no se realizaron (19%).
Sobre la búsqueda, expresó, “se contabilizaron 34 de las cuales cinco se realizaron (15%), 21 están en trámite (62%), y ocho no se realizaron (23%)”.
En lo referente a desahogo de pruebas periciales, se contabilizaron 45, de las cuales se han desahogado ocho (18%), 20 están en trámite (44%), y 17 están como no realizadas (38%).
Entre los recursos que ya no se pueden realizar están por ejemplo las “sabanas de llamadas”, porque las compañías telefónicas ya no tienen la información y en muchas comparecencias, el contenido de las respuestas a los interrogatorios son “no se acordaba”, “no quiso declarar”, “no sabía nada”.
Mil sin identificar. “En la última reunión que sostuvimos el 23 de abril, nos informaron que existen mil cuerpos en las fosas comunes sin identificar, y lo dicen como si estuvieran hablando de carros”, dijo Hidalgo. Además, la jefa de periciales expresó que son migrantes, “porque no tienen denuncia”.
Señaló que en la reunión que sostuvieron este jueves con funcionarios de la procuraduría les presentaron “y vamos a llevarles un plan de búsqueda real, operativo, hecho por las familias y avalado por la ONU”.
Finalmente, la activista de FUNDNL, Lourdes Huerta, señaló que solicitarán que se aplique la Ley General de Víctimas, porque a ningún familiar se le ha apoyado en nada.