Este miércoles entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California Sur, siendo Comondú -215 kilómetros al norte de La Paz, capital-el primer municipio en donde opera.
Autoridades estatales y federales celebraron la entrada en vigor del nuevo sistema, con la entrega de infraestructura y equipamiento en aquel municipio y destacaron la coordinación entre los tres niveles de gobierno para que se pudiera llevar a cabo.
El gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor, señaló que con esto BCS es la sexta entidad en donde se inicia el nuevo sistema y destacó el hecho de lograr la construcción de un edificio para todas las instituciones involucradas en materia de justicia.
"BCS se pone a la vanguardia y nos llena de orgullo poder ofrecer una impartición de justicia más eficiente.", expresó.
En el acto de entrega de los edificios destinados para la operación de todo lo relacionado, incluyendo salas para juicios orales, estuvo presente Jorge Lumbreras Castro, director general de Planeación, Capacitación y Difusión de la Secretaría Técnica para la Implementación del NSJP, quien dijo reconocer el esfuerzo de las autoridades en BCS por hacer posible este paso.
Recordó que para el 1 de enero de 2016 deberá iniciar el NSJP en La Paz, capital del estado, y para el 1 de junio, deberán sumarse los municipios de Los Cabos, Mulegé y Loreto, con lo que todo BCS estará operando bajo el nuevo sistema de justicia.
"Vamos a darnos cuenta que la legitimidad de las instituciones de impartición de justicia crecerá a partir de este nuevo sistema, ya que es un cambio de cómo se percibe la justicia", expresó.
Daniel Gallo Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, agradeció el respaldo para poder contar con infraestructura adecuada, en donde se invirtieron 100 millones de pesos.
El procurador de Justicia del estado, Adonaí Carreón Estrada, agregó que por lo que a la PGJE compete, se integran como operadores del nuevo sistema, 13 ministerios públicos, un comandante, 17 agentes de investigación de la Policía Ministerial, dos agentes de Atención a Denuncias, cuatro facilitadores, dos notificadores, un jefe de bodega de evidencia y un asistente de almacén, así como una trabajadora social, un psicólogo y nueve peritos.
"Hoy los ciudadanos que vean alterados sus derechos constitucionales, ya sea como víctimas o victimarios, o bien como actores implicados en algún conflicto de diversa magnitud podrán conocer otras formas de tratamiento de los casos y nuevos modelos de ejercicio de parte de los jueces, agentes del ministerio público, defensores públicos, abogados y demás operadores del sistema penal acusatorio", puntualizó.