Hermosillo.— El ex secretario de Gobierno estatal, Roberto Romero López, y el actual secretario de Salud, Bernardo Campillo, ambos funcionarios de la administración de Guillermo Padrés solicitaron un amparo, ante las acusaciones de presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El 9 de junio, Romero López promovió la herramienta jurídica contra cualquier “acto de autoridad” luego de un fallido intento de la policía federal por detenerlo en Mexicali, Baja California, donde radica desde hace 45 días.
El ex secretario de gobierno gestionó el amparo federal a través de su representante legal, Héctor Arturo Noriega Ibarra, ante un juez de Distrito con sede en Baja California.
Romero López renunció a la secretaría de gobierno a finales de febrero de este año para convertirse en diputado federal por la vía plurinominal, pero los votos no le alcanzaron.
Al inicio de la administración, fue nombrado secretario técnico del gabinete, a la salida de Héctor Larios, se convirtió en Secretario de Gobierno.
Adquirió, a nombre de sus padres, el predio temporal de Pascual Díaz, de 24 hectáreas en San Juanico-El Tazajal, municipio de Hermosillo, según la escritura pública 2038 volumen 23, y lo hizo ante el notario 80, Horacio Sobarzo Morales.
El 23 de septiembre de 2011, mediante la escritura 2 mil 130, volumen 24, y por el mismo notario, sus padres le “donaron” a Romero López esa superficie valuada en 3 millones de pesos.
Sin embargo, el predio con plantaciones de nogal tiene un costo de 20 mil dólares por hectárea, una cantidad por encima de las percepciones mensuales de Romero López que ascendían a 75 mil 594 pesos.
La demanda del secretario de Salud. En tanto, Bernardo Campillo García, secretario de Salud en Sonora, fue denunciado ante la PGR por el presunto desvío de recursos federales por más 250 millones de pesos, asociación delictuosa, peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Carlos Manuel González Méndez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Servicios de Salud en Sonora, dijo que la denuncia se interpuso en enero.
Entre los señalamiento destaca la asignación de 108 plazas de “aviadores” en diferentes hospitales de la entidad, que cobran el salario de un empleado sin presentarse a trabajar, además de existir empleados de la Contraloría estatal cobrando salario con recursos del sector salud.
La denuncia fue sustentada con base en investigaciones que se realizaron con solicitudes de transparencia de 2010, donde se detectó un desvío de 250 millones de pesos.
González Méndez comentó que con el desvío, 80% de la planta de los hospitales recibe la mitad de su sueldo a diferencia del tabulador nacional, por lo que exigieron justicia.