En 29 entidades del país —salvo Nuevo León y Jalisco— han sido aprobadas leyes para prohibir la discriminación por preferencia sexual, de acuerdo con el Conapred.
Sin embargo, organismos no gubernamentales y defensores de los derechos humanos destacan que persisten la intolerancia y la homofobia.
El dossier 2015 sobre homofobia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) —publicado en mayo— resalta que entre los avances están el reconocimiento constitucional del matrimonio igualitario, la adopción homoparental y sus efectos legales.
En contraste, resalta que siete de cada 10 heterosexuales admiten que no se reconocen los derechos de la comunidad lésbico-gay y 52% señala que el principal problema que enfrentan es la discriminación.
En el texto, agrega que también se han conquistado otros espacios, como la elaboración de libros de texto y programas de televisión pública donde se habla del tema, aunado a la aceptación de beneficiarios del mismo sexo ante el IMSS e ISSSTE.
Sin embargo, para Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), los avances jurídicos son insuficientes para garantizar los derechos de todos.
“La igualdad y el ejercicio pleno de los derechos humanos se concretará cuando éstos no sólo se reconozcan, sino cuando se logre garantizarlos para todas las personas tomando en cuenta sus especificidades o incluso sus condiciones múltiples por las que son discriminadas”, dijo.
En su participación en foro “Igualdad y no discriminación en las Américas, una perspectiva desde el sistema Interamericano de Derechos Humanos”, organizado por la Universidad Iberoamericana, comentó que hay ciertos grupos que por su condición de género o preferencia sexual, entre otros, viven sistemáticamente la discriminación y ésta se agrava cuando esta se conectan varias de estas condiciones como ser una personas indígena con discapacidad.
A su vez, el presidente del Conapred, Ricardo Bucio, consideró que aun con los avances, las condiciones legales y jurisprudencias, el sistema o práctica social continúa fomentando la desigualdad y discriminación.
Esto se debe a que “vivimos en un dilema indisoluble en el que queremos tener derechos pero no queremos perder nuestro sistema de privilegios”, dijo.
Organizaciones sociales defensoras de los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) coinciden en que el avance es lento y la lucha por igualdad en los derechos va más allá de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que tras la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es posible en todo el país.
“No queremos vestido blanco, queremos derechos civiles”, dice Óscar Medina, presidente del Grupo de Apoyo Mutuo y Asesoría en Tamaulipas.
Asociaciones sociales en Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo, Jalisco, Morelos y Michoacán, entre otros, admiten que ha habido avances, pero aún prevalecen los rezagos, insisten.
En el otro extremo, las iglesias a nivel nacional y en los estados —como la católica y evangelista—, al igual que grupos conservadores han externado su rechazo a la comunidad LGBTTI, en especial a lo que se refiere a los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de menores. Con información de corresponsales