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En el marco del Foro Mundial Económico para Latinoamerica 2015 (WEF LATAM), que se desarrolla en la Riviera Maya, del 6 al 8 de mayo, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), lanzó hoy un nuevo informe que documenta los impactos negativos que la sobrerregulación gubernamental, provoca en ejidos y comunidades agrarias de México.
El estudio advierte que los diversos trámites para obtener un permiso de aprovechamiento forestal -que en algunos casos conllevan medio centenar de pasos previos- , obstaculizan la actividad de ejidos forestales, aumenta la vulnerabilidad de los bosques y entorpece los esfuerzos para mitigar el cambio climático.
Además del número de trámites, la duplicidad de varios de ellos, los "larguísimos tiempos" que toma cumplir con cada requisito y las diversas instancias que deben intervenir en la revisión y autorización, los productores forestales enfrentan los costos económicos que provoca todo el proceso.
"Las comunidades y ejidos deben agregar al pago de impuestos y otras tasas que comparten con el resto de los contribuyentes, algunas tasas especiales, como el pago de derechos por servicios ambientales, forestales y de vida silvestre, además de los gastos asociados a la producción", se lee en el informe, consultado por EL UNIVERSAL.
Por ejemplo, el cumplimiento de trámites y pago de derechos de aprovechamiento de madera en la Selva Maya de Quintana Roo, tiene un costo anual promedio de más de 21 dólares por metro cúbico.
"Esto implica que el 23 por ciento, casi la cuarta parte de los ingresos de las empresas forestales comunitarias de la región, se va en trámites y gestione, se indica en el documento.
A ese costo hay que añadir que cada paso del trámite debe hacerse en las sedes de las autoridades competentes en la capital de cada estado, con lo que los productores deben desplazarse centenares de kilómetros para realizarlos.
Es el caso del ejido 20 de noviembre, en Campeche, en donde el comisariado ejidal y el técnico forestal debieron trasladarse 300 kilómetros a la capital del estado al menos una docena de veces para realizar sus trámites.
El ejido 20 de noviembre fue uno de los pioneros en manejo forestal comunitario en la Península de Yucatán y su trabajo en el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales contrasta con la deforestación que asuela los territorios forestales de la zona, en los que los desarrollos turísticos y agroindustriales avanzan rápidamente sobre las selvas.
Pese a ello, desde hace tres años tramitan una serie de permisos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que no le han sido renovados, lo que mantiene detenida la principal actividad económica del ejido: el aprovechamiento forestal.
Apoyado por un mapa, Isais Ku Marín, presidente del comisariado del ejido 20 de noviembre, expuso cómo el aprovechamiento de madera en la zona ha mantenido la cobertura forestal, contrario a lo que ocurre fuera del terreno, en donde la ganadería ha degradado el bosque y la selva.
El ejido, localizado en el municipio de Calakmul, frontera entre Campeche y Quintana Roo, lleva 43 años dedicado al trabajo forestal, cuyo aprovechamiento aporta el 80 por ciento del sustento económico para 67 ejidatarios y 500 habitantes.
"Para nosotros, los árboles son el petróleo del ejido. Vivimos de eso, pero estamos detenidos, porque debido a una decisión mal tomada por presidentes municipales, la Semarnat no nos dio la autorización que solicitamos", lamentó.
Al respecto, la coordinadora del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), para la región sureste de México, Alejandra Serrano, explicó que durante la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Calakmul, se declaró el aprovechamiento forestal como actividad incompatible en la zona, pese a que se ha desarrollado durante cuatro décadas.
Debido a ese candado, la Semarnat está impedida para expedir la autorización solicitada, sin violentar el POEL.
La abogada ambiental consideró indispensable remediar este tipo de esquemas que dejan fuera de la elaboración de POEL's a los ejidos, incorporándolos al proceso e incluyendo el concepto de "patrimonio biocultural" que reconoce sus actividades exitosas, sin imponer aquellas cuyo origen es más urbano.
"Debemos ver a las comunidades forestales como una oportunidad económica por el número de hectáreas conservadas y aprovechadas sustentablemente y no sólo centrarnos en el número de cuartos", expresó.
La ausencia del permiso provocó en paralelo que el ejido, que ha demostrado un adecuado manejo forestal, perdiera la certificación que trabajaba con la agrupación Rainforest Alliance y el dinero invertido en todo ese proceso, sumado al pagado por trámites y estudios.
Además, se endeudaron al pedir un crédito de millón y medio de pesos para el transporte de madera, dinero que se pagaría con el aprovechamiento de ese recurso.
El director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano, Sergio Madrid, subrayó que la política forestal actual atenta contra los bosques, selvas y las comunidades que viven de su aprovechamiento, debido a una "visión que sataniza" el manejo forestal, pese a que tiene un potencial "enorme".
Dijo que México ocupa el lugar 12 a nivel mundial en riqueza forestal y extensión, entre 250 países, pero en los últimos 15 años ha visto caer un 35 por ciento la producción maderable, en buena parte por los excesivos trámites.
"El marco regulatorio es desfavorable, debido a sus trámites, requisitos, restricciones y tiempos", resumió y sugirió una modificación de leyes para facilitar y agilizar el aprovechamiento forestal.
En el país existen 30 mil ejidos con título de propiedad, de los cuales, 15 mil tienen bosques y selvas y el derecho para aprovechar el recurso forestal.
jadf
