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La situación de los jornaleros de San Quintín, Baja California, es un caso visible de la violación de los derechos humanos y del problema que tienen estos trabajadores en el país, afirmó Amnistía Internacional, por lo que la organización internacional llama a la ciudadanía a movilizarse.
“Es un tema de violación de los derechos humanos que se deriva de un contexto en el que existe una pobreza extrema y amplia desigualdad. Si seguimos teniendo estas cifras de pobreza extrema y de desigualdad en este país, pues vamos a seguir viendo muchos casos como el de San Quintín”, dijo Perseo Quiroz, director general de Amnistía Internacional.
“Desafortunadamente, San Quintín es un caso que es visible ahora, pero el problema de los jornaleros y de la migración interna en México es un problema grave desde hace muchos años y no va mejorando y no pinta para que mejore, pero creo que estos casos nos lo recuerdo y nos abren los ojos”, agregó.
Por lo tanto, pidió a la población movilizarse para que los políticos y defensores de los derechos humanos actúen en la protección y respeto de los derechos humanos de la gente.
“Las organizaciones pueden poner las plataformas y las alternativas para que la gente ejerce el activismo, pero si lo que hacemos no hace echo en la ciudadanía las cosas van a seguir igual durante mucho tiempo”, expresó.
Sobre las multas de siete millones de pesos que ordenó el Juzgado del Poder Judicial del Estado en San Quintín a cada uno de los tres hombres acusado del delito de daños en propiedad ajena tras los disturbios del pasado sábado, Quiroz consideró que fue una sanción demasiado elevada.
“La pregunta sería cuántos mexicanos podrían pagar fianzas tan elevadas y en cuántos otros delitos más graves se han puesto fianzas de esta proporcionalidad y de esta naturaleza. Hemos denunciado la criminalización a la protesta social y la disidencia”, comentó.
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