Muchas personas nos hemos indignado por cómo las autoridades estadounidenses tratan a las personas migrantes y refugiadas. La separación y detención de familias son políticas inhumanas para disuadir que la gente busque refugio ahí, a pesar de su necesidad de huir de la violencia generalizada en países como Honduras y El Salvador.
Ahora, nuestro país vecino pretende cerrar su puerta de manera definitiva y todo indica que busca implicar a México en este negocio sucio. En semanas recientes, diplomáticos mexicanos se han reunido con funcionarios del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y uno de los puntos a discutir es un posible acuerdo sobre refugiados.
Bajo este acuerdo, Estados Unidos podría rechazar a las personas que busquen refugio si llegan pasando por México. México sería declarado un “tercer país seguro” en donde las personas en búsqueda de asilo tendrían que obligatoriamente buscar protección. Un acuerdo de este tipo violaría el derecho internacional e implicaría el sufrimiento de miles de personas.
El gobierno mexicano rechazó una propuesta parecida el año pasado, pero en esta ocasión las discusiones podrían tener un tono diferente. El gobierno estadounidense estaría incluso dispuesto a recompensar a México con montos significativos de dinero.
México debe cumplir con sus obligaciones internacionales para proteger a quienes le solicitan asilo en su país, pero eso no quiere decir que sea ejemplar protegiendo los derechos de las personas migrantes.
Aquí las seis razones por las que México no debe declararse un tercer país seguro:
1. El sistema mundial de protección a refugiados se ha basado desde hace mucho tiempo en el concepto de la responsabilidad compartida entre países. Sería peligrosísimo que uno de los países más poderosos del mundo diera el ejemplo de dejar su responsabilidad de lado. Tanto Estados Unidos como México deben poner de su parte.
2. México viola el derecho internacional de refugiados. Las personas migrantes reportan que las autoridades migratorias mexicanas incumplen sistemáticamente el derecho internacional y mexicano, que prohíbe la devolución de personas a situaciones donde corran riesgo real de persecución u otras violaciones graves a sus derechos. De convertirse en un “tercer país seguro”, miles de personas que actualmente buscan refugio en Estados Unidos correrían el riesgo de ser devueltas a sus países al quedarse en México.
3. México es un territorio mortal para migrantes sin papeles. Trata de personas, reclutamiento por el crimen organizado, secuestro, extorsión, violencia sexual y desaparición son algunas de las situaciones que se enfrentan las personas migrantes en México. Esto no quiere decir que las personas refugiadas no puedan vivir aquí, pero sí sería desastroso que Estados Unidos devolviera a solicitantes de asilo a áreas fronterizas del norte de México, que contemplan unas de las zonas más violentas del país.
4. Las personas no dejan de salir de sus países, sólo se ven obligadas a tomar rutas más peligrosas y precarias. Sin la vía formal de solicitar asilo en Estado Unidos, muchas personas no verán otra opción que pagar a coyotes o miembros de redes criminales para que les ayuden a cruzar la frontera. Sus vidas estarán en mayor riesgo y quienes verán el mayor beneficio serán los grupos criminales.
5. Hay personas que no pueden quedarse en México y necesariamente ocupan protección en Estados Unidos. Por ejemplo, las personas transgénero suelen correr mucho peligro en México, uno de los países más peligrosos para su comunidad en América Latina.
6. Falta de capacidad para atender solicitudes de asilo. De las casi 14,600 solicitudes de asilo recibidas por México en 2017, más de la mitad siguen en trámite, a pesar de que la ley estipula que se deban resolverse en 45 días. Cuando el sistema no puede procesar ni las solicitudes actuales, ¿cómo hará para manejar las solicitudes de cada persona que busca llegar a Estados Unidos?
El gobierno de Peña Nieto debe oponerse a cualquier acuerdo de este tipo si no quiere dejar un legado aún más penoso. Sería vergonzoso que México negociara con Estados Unidos habiendo vidas humanas en juego.
Directora para las Américas de Amnistía Internacional