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La decisión de Estados Unidos de que permanezcan en México los inmigrantes que buscan asilo en ese país, hasta que los tribunales estadounidenses acepten o rechacen dichas solicitudes es inadmisible. En primer lugar porque no es producto del diálogo y el acuerdo entre los dos países. Hasta ahora se trata de una decisión unilateral del gobierno estadunidenses que hizo pública el Departamento de Seguridad Interna suponiendo que México aceptaría lo que sería simple y llanamente una imposición unilateral y por lo tanto inaceptable por la enorme carga que representa para México, pero sobre todo porque la relación bilateral se basa en el diálogo y el acuerdo y jamás en la imposición unilateral.
Las reacciones en el gobierno de México se han presentado dividas, por un lado la aceptación tácita de colaboración por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consejero Jurídico Alejandro Alday y por el otro del Instituto Nacional de Migración que encabeza Tonatiuh Guillén que considera que México no está preparado para hacer frente a la carga que representa. Estaría pendiente de escuchar y analizar la opinión de participantes fundamentales como son los alcaldes de las ciudades en la frontera y los gobernadores de estados fronterizos que mantendrían una carga por tiempo indefinido de miles o decenas de miles de inmigrantes mayoritariamente centroamericanos. Los juicios para otorgar o no el asilo en Estados Unidos tardan entre dos y tres años, con el agravante de que alrededor de 9 de cada 10 son rechazados ¿qué sucedería con ellos? Sabemos por la experiencia reciente de ciudades como Tijuana, Cd Juárez o Matamoros que hay una solidaridad amplia con las caravanas de inmigrantes, pero también que hay posiciones críticas de franco rechazo aunque minoritarias.
Para México debe ser una prioridad antes de tomar una decisión sobre la permanencia en el país de decenas de miles de inmigrantes centroamericanos en Estados fronterizos, un diálogo intenso con los gobernadores de Estados fronterizos en torno al impacto social y económico para poder tomar decisiones pertinentes tanto económicas, como sociales y por supuesto políticas. Se trata de decisiones mayores que requerirían preparación adecuada en diversos ámbitos para evitar crisis irresolubles y desbordadas, así como los recursos necesarios económicos y de personal para atender las necesidades de decenas de miles. Es decir, se requieren preparativos complejos, en caso de aceptar México convertirse en sala de espera de resoluciones judiciales estadounidenses para otorgar o no el asilo. Antes de tomar una decisión el gobierno de México tiene mucho trabajo que hacer, tanto como lo tuvo en la discusión sobre los cambios al TLCAN. Hay que analizar distintos escenarios y sus consecuencias. No puede aceptarse en este caso ni en ningún otro la imposición de políticas de Estados Unidos que dañarían de manera irreparable nuestra política bilateral y exterior, e incluso tendrían un impacto en nuestra política interna.
Habría que poner mucha atención al considerar el impacto en las ciudades hermanas a ambos lados de la frontera por la alteración de la cotidianidad de los intercambios laborales, comerciales, culturales, económicos, educativos… No puede haber improvisación. Adicionalmente habría que considerar que no sería una cuestión menor, el tema presupuestal para proveer a grandes conglomerados humanos de alimentación, vivienda, servicios de salud, sociales e incluso educativo. Se requeriría un aumento presupuestal considerable y no una reducción para el Instituto Nacional de Migración, para la COMAR que ayuda a refugiados, e incluso para los servicios consulares que atienden la protección de mexicanos en Estados Unidos como parte esencial de los servicios que prestan 50 Consulados mexicanos.
Como lo decía ayer el Editorial de El Universal, México no puede aceptar de Estados Unidos ser su patio trasero y por tanto políticas que impongan sus intereses sobre los de México y los mexicanos. La relación bilateral es una relación entre países iguales. Hasta ahora la decisión de que los inmigrantes centroamericanos permanezcan en nuestro país hasta que los tribunales estadounidenses decidan si les otorgan o no el asilo, es una decisión unilateral que México podrá aceptar o no, y habría de fijar condiciones y límites. Si se aceptara, lo que no parece conveniente habría que exigir, en solidaridad con los inmigrantes, tiempos no mayores de 3 a 6 meses para las resoluciones de asilo; habría que definir qué se hace de ser negativas; por cuánto tiempo estaría vigente el “acuerdo”, no mayor a 6 meses, por ejempl Hay que recordar que cuando EU impone políticas las pretende mantener para siempre. Aceptar una imposición es aceptar todas.
México no es ni puede ser la oficina de trámites de migrantes centroamericanos en busca de asilo, ni la gran sala de espera de EU. Para el Gobierno de México la relación bilateral se basa en el diálogo, el respeto mutuo y no se aceptan imposiciones. La política exterior de México es solidaria y lo seguirá siendo, pero a la vez es firme en defensa del interés nacional y de los principios que establece la Constitución.
Periodista y analista internacional
