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El principal objetivo de una política energética debe ser el de dotar a los hogares y empresas de energía suficiente, de calidad, poco contaminante y a precios competitivos con el fin de hacer más eficiente a la industria, incrementar el ingreso disponible de las personas y combatir el cambio climático.
En el caso de la energía eléctrica, alrededor del 80% del costo para producirla proviene del precio del combustible que se utilice para generarla. En consecuencia, si se utilizan combustibles baratos y amigables con el medio ambiente, como el gas natural o las fuentes renovables, se genera electricidad a precios competitivos y con un menor impacto contaminante.
En cambio, si se utiliza combustóleo, diésel o, peor aún, carbón, el costo de producir electricidad se incrementa entre 4 o 6 veces con relación al gas natural y puede ser hasta 4 veces más contaminante. Por ello, el mundo industrializado se ha movido hacia el gas natural y energías renovables como sus principales insumos para generar electricidad.
En este sentido, la principal meta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe ser la de asegurar el abastecimiento del mejor insumo disponible con el fin de generar electricidad suficiente, de calidad y poco contaminante al menor costo posible.
México tiene la fortuna de compartir frontera con Estados Unidos, el mayor productor de gas natural y de petróleo del mundo. Esto gracias al desarrollo del fracking, una técnica que substrae gas y petróleo fracturando el subsuelo. Esta técnica resultó tan eficiente, que Estados Unidos dejó de ser dependiente del petróleo y gas extranjero para convertirse en un exportador neto de hidrocarburos.
Con la ventaja adicional de que el gas natural, producido con la técnica del fracking, es tan abundante en Estados Unidos que los precios están en un punto muy bajo.
Lo anterior es sumamente relevante debido a que la producción de gas natural mexicano de Pemex ha bajado constantemente durante los últimos 10 años, mientras que el consumo de gas natural en la industria y el sector eléctrico ha subido de manera muy importante en México, lo que ha generado un déficit de gas.
Para saldar este déficit son necesarios los gasoductos para importar gas natural de Texas y otras regiones de Estados Unidos, ya que con estos gasoductos se tiene acceso a gas natural abundante y al mejor precio del mercado con el fin de que la CFE genere electricidad. Además, el gas natural es uno de los principales insumos para el sector industrial.
Por ello, la administración anterior implementó la Estrategia Nacional para Garantizar el Abasto de Gas Natural, la cual consiste en la construcción de gasoductos a través de empresas privadas. Se planteó la construcción de 26 gasoductos, 2 por Pemex (los Ramones fase 1 y fase 2) y 24 por la CFE.
Conforme a la reforma energética y la práctica internacional, la CFE, al igual que cualquier empresa, no puede ser simultáneamente dueño de los ductos y comercializador del gas natural que por ahí se transporta. En consecuencia, lo que la CFE hizo es licitar contratos de transporte de gas natural de largo plazo con el sector privado. Así, los privados construyen y operan el ducto, mientras que CFE tiene reservado un espacio dentro del ducto para transportar gas natural por 25 años. Además, la CFE sí puede comercializar el gas natural que no use para sus centrales de generación.
De los 24 gasoductos que se impulsaron con la CFE, 17 ya están operando. Sin embargo, 7 gaseoductos están parados por problemas jurídicos o movilizaciones sociales, muchas de ellas motivadas por fines políticos.
El gobierno actual ha criticado los contratos firmados con empresas para la construcción de los gaseoductos. Es verdad que los contratos se firman por muchos años, sin embargo, esto es necesario porque se invierten miles de millones de dólares en el país y la contraprestación que siempre solicitan para mitigar el riesgo son contratos de largo plazo.
Las licitaciones han sido transparentes. Todos los procesos de los 24 gasoductos que promovió la CFE fueron licitaciones públicas, internacionales y acompañadas por Transparencia Mexicana. Además, las empresas participantes así lo han acreditado en los comunicados de prensa que emitieron cuando las cuestionó el gobierno entrante.
Si el gobierno se empeña en cuestionar dichas licitaciones, que Pemex produzca su propio gas y que la CFE se encargue de los ductos para distribuir gas, el país se condenaría a tener energía cara, insuficiente y contaminante para la industria y los consumidores.
En este sentido, la consultoría McKinsey señaló que los retos de la CFE más apremiantes son, entre otros, reducir los costos de generación y avanzar en la estrategia de digitalización e innovación para lograr competitividad.
La estrategia que propone el gobierno es precisamente lo opuesto a las recomendaciones de McKinsey. Las empresas más eficientes invierten millones de dólares para mejorar sus procesos e incrementar su rentabilidad. Tomar en cuenta el consejo de los expertos les ha resultado fructífero a muchas empresas y gobiernos.
La CFE se debe dedicar a producir y distribuir electricidad, su vocación no es la producción ni el transporte de gas, ya que este es únicamente un insumo. A manera de ejemplo, imaginemos que, en lugar de contratar a diversas empresas de servicio especializadas, cada hogar mexicano invirtiera para construir su propio cableado telefónico, sus propias tuberías para abastecerse de agua o en transformadores para conectarse a la red eléctrica. Esto no tendría sentido.
Derivado de la nueva estrategia gubernamental ya se registran desabastos de gas natural en el norte del país, uno de los principales insumos de la industria de la región. Sin gas no hay industria, no se generan empleos, se detienen las líneas de suministro y no se puede exportar.
El problema se resuelve de inmediato entrando en operación 2 de los 7 ductos que faltan: el gasoducto Marina que va del sur de Texas a Tuxpan, operado por TransCanada e IEnova. El otro es el gasoducto de Tuxpan a Tula, también operado por TransCanada.
La energía para un país es como el alimento para el cuerpo. Disponer de energía suficiente, de calidad y a precios competitivos para todos los mexicanos y para las empresas del país debe ser el principal objetivo de la política energética nacional. Por ello, el Estado debe trabajar y coordinar los esfuerzos para procurar la manera más eficiente de producir y distribuir energía en el país.
