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El próximo lunes se cumplen los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un gobierno que llegó con una enorme legitimidad gracias al voto mayoritario que le dieron los mexicanos, enmarcado en un proceso democrático que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado consolidar.
En esta entrega haré un balance económico de estos 100 días de gestión y en la próxima abordaré el tema político.
Este gobierno ha tenido aciertos, sobre todo al mandar una clara señal de que México no puede tolerar las enormes desigualdades a las que muchos ya se habían acostumbrado o se percibían como algo natural. Considero importante que este gobierno tome muy en serio el combate a la desigualdad.
Celebro la iniciativa de impulsar ambiciosos y novedosos programas sociales como el apoyo a la gente de la tercera edad, ya que nuestro sistema de pensiones ha demostrado ser insuficiente, y este sólo incluye a los trabajadores formales, dejando sin pensión a la mayoría de los mexicanos que encontraron en la economía informal la forma de ganarse el sustento.
La pensión con la que se retira un trabajador no da para vivir, por lo que es importante que las personas cuenten con un ingreso complementario. En el caso de los trabajadores que laboraron en la informalidad, el mínimo criterio de justicia es que tengan derecho a un recurso que les permita una compensación durante su vejez al trabajo de toda una vida.
Además, me entusiasma el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo objetivo es el de incorporar a los jóvenes que no estudian ni trabajan a la vida laboral, mediante la capacitación y un apoyo económico. Será interesante darle seguimiento a su instrumentación y a los resultados que arroje.
Sin embargo, en términos generales tengo una enorme preocupación sobre el rumbo que está tomando el país en materia económica, ya que muchas de las decisiones que ha tomado la actual administración no son las más adecuadas para mejorar el nivel de vida de la gente, especialmente de la más desfavorecida. Considero que estas decisiones podrían condenar al país a tener mayores niveles de pobreza.
El error más grave fue la cancelación del NAIM, la cual no respondió a ningún criterio económico y objetivo, y por el contrario, violenta la obligación constitucional de ejercer un gasto eficiente, eficaz, honesto y transparente, lo que generó un enorme daño patrimonial a los mexicanos. La cancelación fue más bien un mensaje político con intención de expresar fuerza y poder, pero con un enorme costo para el progreso del país.
La cancelación del NAIM vulnera el dinamismo del sector aeronáutico, el cual venía creciendo a una saludable tasa del 9% anual y pospone, porque a la larga se tendrá que construir, la posibilidad de desarrollar un hub en México con la capacidad de conectar a Latinoamérica y México con Estados Unidos y Asia, lo que implicaba un negocio muy rentable para el país.
Esta decisión también canceló la posibilidad que se desarrollara el oriente de la ciudad, en parte por el uso que se le iba a dar a los terrenos del actual aeropuerto, y también se deja de fomentar al turismo, uno de los principales motores de la economía en los últimos años. Se estima que cancelar el NAIM tiene un costo de entre 150 y 200 mil millones de pesos. Por cierto, por 100 mil millones de pesos se acusaba a Javier Duarte de corrupción, por lo que el costo de no construir el NAIM equivale a dos veces el desfalco de Javier Duarte.
Por su parte, el presupuesto estimado por el propio equipo de AMLO para construir Santa Lucía es de 70 mil 300 millones de pesos. Si a este monto le sumamos el costo de cancelar el NAIM que ronda los 170 mil millones de pesos (con una estimación conservadora), se tendría un costo total de 240 mil 300 millones de pesos por la decisión de cancelar un proyecto que llevaba 32% de avance. Esto sin tomar en cuenta los recursos que se destinarán para las adecuaciones y mejoras en infraestructura del actual aeropuerto de la Ciudad de México y Toluca.
Este desperdicio de recursos atenta contra los mismos programas que el actual gobierno pretende impulsar. Por ejemplo, estos 240 mil millones de pesos equivalen a 12 veces el Programa PROSPERA, 6 veces el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y 2.4 veces la Pensión para las Adultos mayores, todo según el Presupuesto de egresos 2019. Entonces, cancelar el NAIM implica contar con menos recursos para los programas prioritarios del gobierno.
Además, poco importó la opinión de autoridades internacionales en el tema. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) es inviable el esquema de los tres aeropuertos en México. Alexandre de Juniac, director general de IATA, señaló que hacer que funcione el Sistema Metropolitano de Aeropuertos será un reto. El aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, las conexiones a Toluca, a 70 kilómetros de la ciudad serán casi imposibles y convertir la base militar de Santa Lucía en un aeropuerto comercial implica mucho tiempo y una inversión significativa. Concluyó que cancelar Texcoco eliminó la posibilidad de crear 200 mil empleos y frenó 2 mil millones de dólares en inversión para el próximo año.
Por ello, en columnas anteriores insistía que la cancelación del NAIM mermaría la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros en el país, ya que se manda la señal de que México es incapaz de hacer grandes proyectos de infraestructura transexenales porque el gobierno que entre podría tirar cualquier proyecto. Un país que es capaz de eso no es un país confiable y se advirtió que tendría un impacto en la calificación soberana, lo cual ya empezó a pasar.
Por otra parte, se sabe que la situación de Pemex es frágil y no es un secreto que la extracción de petróleo ha venido cayendo en los últimos años, afectando la situación financiera de la paraestatal. Tampoco hay duda de que la propuesta del nuevo gobierno para hacer rentable a Pemex no ha generado credibilidad en los mercados nacionales ni internacionales, ya que, a juicio de las calificadoras, la nueva administración de la empresa no conoce a profundidad la delicada situación por la que atraviesa Pemex, por lo que le han recortado su calificación crediticia y existe el riesgo de que pierda su grado de inversión.
A diferencia de lo que argumenta el gobierno de que están calificando las acciones de gobiernos anteriores, lo que están calificando son las iniciativas del gobierno actual. Recordemos que las calificadoras emiten una opinión sobre el futuro, no del pasado.
La otra enorme preocupación es que el pico de la demanda por petróleo en el mundo será en el año 2030, esto de acuerdo con la consultoría McKinsey, por lo que no se percibe como una estrategia inteligente que el Estado le apueste a los combustibles fósiles, sobre todo cuando la tendencia en el mundo va en sentido opuesto gracias al desarrollo de las energías renovables
Lo que también están castigando las calificadoras es que Pemex invierta en una refinería cuando pierde 100 mil millones de pesos anuales en el proceso de refinación. La falta de gasolina no es un problema para el país, ya que es de fácil acceso y a precios muy competitivos. El problema que sí tiene México es un déficit de gas natural, insumo crucial para generar electricidad y que sirve como combustible para el sector industrial. Este déficit se soluciona terminando un par de gasoductos que ya se encuentran en su etapa final de construcción y operación que, inexplicablemente, también está cuestionando esta administración. Tema que abordé en mi columna anterior.
Otro error que percibo es la manera indiscriminada de bajar los sueldos en el gobierno federal y los despidos masivos, ya que esto es una purga política que tendrá como consecuencia la incapacidad del gobierno de gestionar incluso sus propios programas. La mayoría de los servidores públicos no están afiliados a partidos políticos, por lo que es una insensatez del propio gobierno disminuir su capacidad de gestión.
Con relación a la banca de desarrollo, esta ha ido incrementando de manera paulatina pero constante el otorgamiento de crédito al sistema financiero, especialmente a las pequeñas y medianas empresas a través de los esquemas de garantías y otros programas. Ahora, con el desmantelamiento de la infraestructura de la banca de desarrollo, el recorte de personal, en su mayoría calificado, y la intención de eliminar o reducir los programas de garantías, lo que se pone en riesgo es el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas del país.
Por todo esto, la mayoría de los analistas y bancos están recortando sus estimaciones de crecimiento para la economía nacional. Ahora, el muy criticado crecimiento de 2% que se registró durante el sexenio pasado será el techo de esta administración. Menor crecimiento económico significa una menor inversión, por lo que se generan menos empleos y se tendrá un menor bienestar.
Según el Grupo Asesores en Economía y Administración Pública (GAEAP), de 1998 a 2017 por cada punto porcentual en que creció el PIB, la tasa de crecimiento de los empleados formales fue de 1.3%.
Así, los programas sociales no podrán compensar los efectos de un menor dinamismo económico y la falta de oportunidades. De continuar por este rumbo, el resultado puede ser el de mayor pobreza y el de un país más polarizado.
Coincido en los objetivos que se plantea el gobierno entrante, como el de convertirnos en un país más igualitario y con más oportunidades para la gente que menos tiene, pero tenemos enormes diferencias en la forma que pretende alcanzar sus metas.
En vez de ver cómo le hacemos para incorporarnos a la economía del conocimiento y encontrar soluciones a la desaparición del 40% de los empleos actuales en los próximos años, es increíble que la gran propuesta de futuro de esta administración sea regresar al pasado, que incluso en nuestro pasado ya constituía una visión anacrónica.
En la próxima entrega, reflexionaré sobre el balance de las acciones políticas que se han tomado en estos 100 días de gobierno.
