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En México y en Estados Unidos existe la figura de fiscales especiales. En ambos países es el Senado quien ratifica sus nombramientos. En caso de que el Ejecutivo decida removerlos de su cargo, los senadores tienen la facultad de reinstalarlos. El sistema está diseñado para evitar que cualquier funcionario público, hasta el mismo presidente, pueda obstruir investigaciones incómodas.
En Estados Unidos, el ex director del FBI, Robert Mueller, está a cargo del llamado Rusiagate, sobre la posible interferencia de Moscú en el último proceso electoral. Las indagatorias comienzan a arrojar luz sobre al menos tres colaboradores cercanos a la campaña de Trump que mantuvieron nexos con agentes rusos y que mintieron al respecto. Las averiguaciones no incriminan directamente al actual Presidente, pero ya van acercando el fuego al entorno familiar del mandatario. Trump está tentado a destituir a Mueller para detener o entorpecer las pesquisas. Pero sabe que si lo hiciera, sería equivalente a una admisión anticipada de culpa, de encubrimiento o de ponerle un alto a investigaciones que puedan llevarlo, en el extremo, a un juicio político; el famoso impeachment. Si cediera a esa tentación, el Senado actual, con tres disidentes o abiertos enemigos dentro del campo republicano, podría restituir a Mueller en su fiscalía, infligir una grave derrota política al presidente y generar mayores sospechas sobre sus nexos con Rusia. Consciente de ello, Trump ha presionado para que el fiscal investigue también la campaña de Hillary Clinton y no solamente la suya. Mal de muchos, o todos coludos, es lo que intenta probar el campo de Trump para desactivar la bomba de tiempo que se le aproxima.
En el caso de México, con un sistema análogo al estadounidense, el procurador en funciones destituyó al fiscal especial para Delitos Electorales, Santiago Nieto. La razón aparente: que Nieto divulgó estar investigando los posibles nexos entre los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y el financiamiento de la campaña presidencial del PRI en 2012. El tema no carece de importancia y por lo mismo, la manera de detener las pesquisas fue removiendo al fiscal encargado del caso. La oposición en pleno ha manifestado su rechazo a dicha destitución.
Ante el escándalo y las fricciones generadas, el mismo fiscal Nieto anunció su decisión de separarse del cargo y rechazó que se pretenda reponerlo en sus funciones. Para su pesar y más allá de sus preferencias, el Senado de la República podría obligarlo a retomar la posición para la que fue elegido. Por esa vía, el caso Odebrecht continuaría siendo investigado.
En caso de que el Senado actuara de esa manera, México daría un paso de gran importancia hacia la investigación independiente y despolitizada de casos que puedan causarle escozor a los poderes en turno.
Ahora mismo, los mexicanos no sabemos si continuarán las indagatorias sobre el asunto de los sobornos cuando se instale al nuevo titular de la FEPADE. No sabemos si el nuevo fiscal será ratificado con la condición de abandonar el caso. Es más, a ocho meses de las elecciones para renovar la Presidencia y nueve gubernaturas, no sabemos tampoco si México tendrá una fiscalía para delitos electorales que pueda contar con la credibilidad y la confianza de la ciudadanía.
Así las cosas, el affaire Nieto posee los ingredientes para poner a tiempo el reloj de nuestras instituciones o para retrasarlo indefinidamente hasta dejarnos, en los hechos, sin un sistema de investigación y persecución de los delitos electorales. El Senado tiene la palabra y dependerá de éste si actúa como un auténtico órgano del Estado mexicano o como un instrumento partidista.
Internacionalista
