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El presidente Peña Nieto está en campaña, haciendo un balance de su sexenio. Aparece en spots y entrevistas, intentando transmitir la sensación de que, según él, su sexenio resultó entre bueno y, francamente, muy bueno. Cuando escucho sus mensajes grabados para la radio me pregunto, si fuera la escuela, qué calificación se daría a sí mismo y a su equipo de colaboradores; ¿por ahí de un 8.5? En las elecciones, el veredicto de los mexicanos le dio, ¿por ahí de un 2?
¿Cuál puede ser el objetivo de esta campaña publicitaria? ¿Convencer post mortem a los mexicanos que en realidad su gestión fue de veras muy buena? ¿Hacernos sentir que fuimos injustos en las urnas por no valorar sus logros? Los spots me recordaban insistentemente las arenas movedizas donde moverse mucho acelera que nos trague la tierra. Algunos de los mensajes mandaban la señal de que, finalmente, le estaba entrando al toro por los cuernos, abordando algunos de los episodios más polémicos de su gobierno: Ayotzinapa, la Casa Blanca o la visita de Trump. En efecto, habló de eso. Pero después de las explicaciones que ofreció, me parece que si las elecciones se realizaran ahora, perdería todavía por mayor margen que el pasado 1º de julio.
Curiosamente, la gran ausente de toda esta cadena de explicaciones sobre lo que marcó su sexenio es el tema central de las elecciones pasadas: la corrupción y la impunidad. Esas dos palabras cruciales para entender el voto de los mexicanos, no parecen existir en el vocabulario del presidente Peña. Los errores de juicio, las torpezas en la comunicación e implementación de medidas como el gasolinazo o la misma invitación a un candidato presidencial de otro país, no fueron las razones principales por las que la gente emitió un voto de condena implacable al régimen. Fue ante todo la sensación de sentirnos burlados por el encubrimiento sistemático de actos de corrupción dentro del mismo equipo de gobierno. Constatar que la justicia mexicana no ha logrado avanzar como la de otros países de América Latina, como Guatemala, como Brasil, Argentina o Perú, donde las corruptelas de los gobernantes sí han tenido consecuencias políticas y jurídicas. Al grado envidiable de que han llevado a la cárcel o a la destitución de algunos de sus mandatarios más emblemáticos, como la del brasileño Lula o del peruano Kuczynski.
Nuestro presidente, entre tanto spot, podría habernos ilustrado por qué México fue el único país latinoamericano donde el bien documentado caso de Odebrecht quedó impune. Donde la Estafa Maestra y el sobrecosto del Paso Exprés, con todo y su mortal socavón, el espionaje mediante el sistema Pegasus, la triangulación de fondos al PRI a través del gobierno de Chihuahua, la compra exorbitantemente cara de la planta de Fertimex, la cancelación del tren chino de alta velocidad a Querétaro, la misma Casa Blanca, ninguno, ninguno, tuvo consecuencias legales. Debido a eso, a que los mexicanos sabíamos lo que estaba pasando pero el gobierno no estaba dispuesto a incriminarse a sí mismo, por eso, el castigo en las urnas fue tan aplastante.
López Obrador, en este contexto, tiene que entender que ganó más por los errores del contrario que por los aciertos propios. Cierto, fue quien supo posicionarse mejor como outsider, en los márgenes del sistema. Pero a la hora de gobernar no debe confundirse, por el bien del país. Lo que demandamos los mexicanos es un gobierno limpio, capaz de enjuiciar a quien sea, hasta a los más leales. Y sobre todo, AMLO debe cobrar plena conciencia de que lo elegimos para que la justicia alcance a quienes, con sus actos de corrupción, de robo cínico a nuestro pueblo, le pusieron la Presidencia en bandeja de plata.
Internacionalista
