No lucen bien las posibilidades de que se ratifique el Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Los vientos políticos en los tres países son adversos.
En Canadá habrá elecciones antes del otoño. El Primer Ministro Trudeau se encuentra en un grave embrollo de tráfico de influencias y buscará resolver ese asunto antes de convocarlas. Con su reelección en peligro, sería suicida para Trudeau someter a ratificación el TMEC ante un parlamento que de por sí no encuentra ventajas para Canadá con la suscripción del nuevo tratado.
En Estados Unidos, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes anticipa una serie de modificaciones al texto acordado, lo suficientemente sustantivas como para arrebatarle el triunfo que se atribuye Donald Trump. Ya con la mente en las elecciones del año próximo, los cambios que se vislumbran por parte de los demócratas vendrían en los terrenos laboral y ambiental. Ambos significarán un reto muy importante para México, incluyendo cambios en la legislación mexicana.
Por parte de Estados Unidos, el riesgo más alto es que Trump rechace las modificaciones propuestas por los demócratas y amenace o de plano decida invocar la cláusula de terminación del TLCAN. No sería remoto, conociendo el estilo negociador de Trump, que ponga un ultimátum por el cual, o se acepta el TMEC como está redactado o América del Norte se queda sin tratado de libre comercio. En ese escenario, quizá lo más conveniente fuese que Canadá y México aceleren la ratificación para forzar a que Estados Unidos discuta, lo que quiera, pero siempre dentro de los márgenes de mantener un acuerdo regional.
El caso mexicano no es menos complicado. A pesar de que existe consenso entre Morena y la oposición en cuanto a contar con un tratado con nuestros vecinos del norte, el Congreso mexicano tiene que aprobar primero profundos cambios en las leyes laborales. Para decirlo rápido, tendrá que aprobar una sentencia de muerte para todos los líderes y caciques que han encabezado desde hace décadas al sindicato petrolero, al de los electricistas y ferrocarrileros, la CTM y los telefonistas, entre otros. Para que nuestros socios en Estados Unidos y Canadá puedan aprobar el texto del TMEC, en los tres países debe imperar la libertad y la democracia sindical. Así, el reto para el presidente López Obrador consiste en eliminar a esos resabios del pasado. Su discurso en contra de la corrupción ayuda a removerlos de sus cargos. Pero su olfato político le inclinará a buscar primero a sustitutos que simpaticen con su proyecto.
El capítulo ambiental es tanto o más complicado que el laboral. Entre el Tren Maya que será cuestionado por grupos ecologistas de todo el mundo y la preferencia por usar carbón para generar energía eléctrica, difícilmente los otros socios de Norteamérica aceptarán la aprobación del nuevo tratado. Si no se presenta un plan viable, creíble y sustentable, los congresos en Washington y en Ottawa rechazarán el TMEC, con el consecuente impacto en el comercio, las finanzas y las inversiones para México.
Internacionalista
