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En las últimas semanas, Donald Trump ha dado visos de que va entendiendo la dinámica de Washington. El proyecto más detallado y concreto que ha presentado hasta la fecha toca directamente los intereses de México y coloca a los demócratas en una posición de virtual jaque mate. La propuesta que hizo en su mensaje a la nación en materia migratoria puede fortalecerle políticamente y, dependiendo de la forma en que la explote, traerle grandes dividendos en las elecciones intermedias de fin de año.
En los cuatro puntos de su iniciativa migratoria concede a los demócratas un proceso para legalizar a los Dreamers, los jóvenes que llegaron a muy corta edad a Estados Unidos, como un acto humanitario de su parte. El cálculo es que se trata de un universo de 800 mil personas, 600 mil de los cuales son de origen mexicano. La oferta del presidente es la de legalizar a un total de un millón 800 mil, suponiendo que muchos de estos jóvenes no han salido de las sombras para inscribirse en el programa de “acción diferida” que en su momento les concedió Obama.
La idea de Trump es ofrecer una ruta de legalización a estos jóvenes, a cambio de que los demócratas le apoyen en el financiamiento del muro fronterizo y legislen para que los nuevos migrantes que busquen llegar a Estados Unidos sean seleccionados con base en sus méritos, su trayectoria y las posibilidades de hacer una contribución relevante para ese país. Exige también que se termine con la llamada “migración en cadena”, es decir, que un familiar que ha legalizado su estancia en Estados Unidos pueda ser el vehículo para traer a parientes lejanos, que no formen parte del núcleo familiar más inmediato.
La presión está ahora sobre el campo demócrata. De aceptar la propuesta de Trump, habrán ganado la partida de legalizar a los Dreamers, pero a cambio tendrán que ceder en uno de los símbolos más reconocibles de esta presidencia: sellar la frontera con México y enviar la señal de que la migración indocumentada a ese país será para todo efecto práctico, una cuestión del pasado. El presidente podrá echar las campanas al vuelo, señalando que finalmente se termina con la ilegalidad y el abuso del sistema migratorio; que brindará mayor seguridad a Estados Unidos contra migrantes indeseados y contra el tráfico de drogas que entra desde su frontera sur. Al campo demócrata le resultará inusualmente difícil explicarle al electorado por qué obstaculizan la legalidad y no le conceden presupuesto para hacer el muro que tanto vendió durante la campaña presidencial.
En el caso específico de México, la respuesta curiosa del gobierno ha sido el silencio. Podría decirse que se trata de un proceso interno de Estados Unidos y por ello no es prudente pronunciarse. Pero también es cierto que las implicaciones de estas medidas se sentirán con especial singularidad para nuestros paisanos y para el funcionamiento de nuestra frontera.
A través de la legalización de los Dreamers, sus padres, que les llevaron a Estados Unidos cuando eran muy pequeños, podrán también acceder a la legalización, al formar parte de su núcleo familiar más directo. Esto implica que más de tres millones de indocumentados mexicanos podrán obtener su residencia legal (si contamos dos padres por cada joven o niño Dreamer), con lo cual más de la mitad de los mexicanos que viven sin papeles obtendrán una estancia legal. ¿Qué pasará con los otros tres millones aproximados de paisanos que no alcancen los beneficios de la legalización? Esa es la gran incógnita que deja abierta la propuesta de Trump. Lo más probable es que muchos de ellos entren en el paquete de la migración por mérito. Si sus patrones, en la granja o en el restaurante, abogan por ellos, podrían ser sujetos de la segunda vía a la legalidad. Todo esto se traduce en que habrá mayores presiones sobre México para detener los flujos hacia el norte, sea de paisanos nuestros o de migrantes centroamericanos. ¿Tenemos un plan de contingencia para lidiar con el nuevo fenómeno o vamos a abrir negociaciones migratorias con Estados Unidos?
Internacionalista
