Es lo más cercano a estar atrapados: lo que México haga en su frontera sur y las acciones que le pida tomar a los países centroamericanos es lo mismo que tácitamente permitirá que Estados Unidos haga con nuestros migrantes y lo mismo que nos pedirá que hagamos. Si México pide a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador que sus migrantes soliciten acceso a territorio nacional por puntos fronterizos autorizados y con la documentación que deben presentar, Estados Unidos tendrá una carta fuerte para pedir que México también obligue a sus migrantes a utilizar únicamente los puertos fronterizos oficiales y que muestren una visa antes de pasar al norte. Por otra parte, si México sella o intenta sellar su frontera sur al paso de indocumentados, de nueva cuenta estaría enviando la señal de que Estados Unidos también podría utilizar cualquier medio a su alcance (muro incluido) para detener los flujos migratorios. En suma, los precedentes que marque México son determinantes para la migración en nuestras dos fronteras. Nada sencillo.
En cualquiera de los escenarios probables, Estados Unidos obtendrá alguna ventaja política y diplomática. La tentación natural para el nuevo gobierno mexicano será la de adoptar la añeja petición de los distintos gobiernos de Washington de establecer patrones de migración “legales y ordenados”. En la medida en que la migración de mexicanos a Estados Unidos disminuye y se estabiliza, el reto principal que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno es el de entender a México como un país de tránsito y, crecientemente, de destino final con todo lo que ello implica.
Las complicaciones para México son mayores que las que tuvo Estados Unidos en las últimas décadas. Durante muchos años México insistió en que se respetaran los derechos humanos y laborales de nuestros migrantes, independientemente de su calidad migratoria. También se enfatizó que nuestros migrantes realizan una contribución clave a la economía estadounidense y que debería existir alguna vía para regularizar su estancia en el vecino país. En caso de que la nueva administración mexicana mantenga estos preceptos, los centroamericanos que llegan a México deberán ver respetados sus derechos y, eventualmente, contar con alguna vía legal para permanecer en nuestro país. Cumplir con nuestras propias demandas ahora que nos toca responder al reto que ha enfrentado Estados Unidos, será una tarea muy complicada y requerirá de cuantiosos recursos.
El gobierno saliente le hereda al nuevo una crisis de grandes dimensiones. Ahora, el reto más urgente consiste en dar cauce y posible solución al hecho evidente de que los hondureños que han llegado a la frontera norte no podrán cruzar al otro lado. Se formará un cuello de botella humano de nuestro lado de la frontera, generando tensiones con las poblaciones locales y creciente uso de la fuerza si intentan cruzar a cualquier precio. Dentro del cálculo mexicano, aunque sea una política indeseable, buena parte de los migrantes centroamericanos tendrán que ser reubicados en otras partes de la República. El costo de dejarlos en el limbo en Tijuana, en Reynosa o Nuevo Laredo no sólo se observará en fricciones frecuentes con sus habitantes sino en cierres indefinidos para el cruce de mercancías y el funcionamiento normal del comercio.
Con márgenes de maniobra tan estrechos, la diplomacia del nuevo gobierno deberá estrenarse con un encuentro de muy alto nivel entre los cinco países más directamente involucrados y las agencias especializadas de las Naciones Unidas con el fin de establecer compromisos y distribuir responsabilidades. Este es un primer paso indispensable.
Internacionalista