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Una vez concluidas las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canada (T-MEC, acrónimo oficial desde ayer) el gobierno de Washington pondrá el acento en la agenda de seguridad. Desde este espacio insistimos desde el inicio de la gestión de Donald Trump que a México le convenía más entablar negociaciones amplias con Estados Unidos, poniendo sobre la mesa los asuntos comerciales, migratorios, fronterizos y de seguridad. Así, en paquete. Era en realidad la única manera de obtener un trato más justo y equilibrado con el vecino del norte, puesto que algunos temas resultan más prioritarios para ellos que para nosotros y es con esas cartas que podían obtenerse mayores ventajas para nuestro país. No se siguió esta ruta de negociación y ahora habrá que entrar en los aspectos de seguridad de manera aislada y cruda.
El procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, a quien Trump detesta por haberse rehusado a defenderlo en el caso del Rusiagate, identificó a los cinco grupos delictivos que más preocupan a Estados Unidos, dos de los cuales son mexicanos. En los próximos tres meses deberá contarse con una estrategia precisa para combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel de Sinaloa, a la organización terrorista libanesa Hezbollah, al Clan del Golfo de Colombia y, principalmente a la banda salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13), que según el procurador opera con más de 10 mil miembros en territorio estadounidense.
Para nada es claro si los operativos que planea aplicar el gobierno de Washington se limitarán a actuar en suelo norteamericano o si buscarán realizar acciones en los países donde estas organizaciones delictivas tienen sus cuarteles generales, al estilo del Plan Colombia de los años noventa. En el caso de los cárteles mexicanos, es muy distinto que las autoridades estadounidenses se concentren en las actividades de lavado de dinero, trasiego de armas, arresto de cómplices y tráfico de drogas que tienen lugar dentro de Estados Unidos, a establecer un plan en el que agentes de ese país operen en el nuestro.
En realidad, si a Estados Unidos le preocupan las actividades ilícitas y la violencia que generan los cárteles de Sinaloa y de Jalisco, a México todavía más. Es aquí donde sufrimos de manera más directa los estragos de estas organizaciones. En ese aspecto existe concordancia entre los dos países. Lo que no se sabe hasta ahora es la manera en que van a cooperar ambos gobiernos para combatir a estos grupos. Una vía apunta hacia el intercambio de información de inteligencia y que cada país actúe donde le corresponda; la otra implicaría una acción directa de efectivos estadounidenses en nuestro territorio.
El nuevo gobierno de México tendrá la delicada responsabilidad de delimitar el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Nada sencillo. Si se hiciera una consulta nacional, como la del aeropuerto, y se preguntara a la población si estaría dispuesta o no a tener presencia de agencias estadounidenses en México para acabar con los grupos delictivos más peligrosos, es probable que las zonas más desesperadas de nuestro país se inclinaran por cualquier medicina, mientras funcione. Se abriría una compleja discusión entre soberanía y eficacia.
El panorama ideal es que, siendo un problema de dos, sea atendido igualmente por los dos, en las áreas de responsabilidad que corresponden a cada uno.
Internacionalista
